La discusión que ayer libraron ocho juristas sobre la inconstitucionalidad o no del paquete de iniciativas de Felipe Calderón en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció, según expuso crudamente Luis Javier Garrido, cómo se pretende “retorcer” conceptos para hacer prevalecer una interpretación de la Carta Magna que permita la inversión privada, nacional y extranjera, en la paraestatal.
Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.
Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.
Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos.
Visiones divergentes
Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.
“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”
Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.
El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.
Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.
Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”
Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.
El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.
Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.
García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.
Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.
Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.
Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.
“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.
La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.
Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.
En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.
Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.
Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.
Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.
Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos.
Visiones divergentes
Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.
“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”
Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.
El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.
Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.
Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”
Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.
El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.
Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.
García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.
Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.
Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.
Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.
“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.
La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.
Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.
En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.
Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.
Nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 23 de mayo.
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