Organizaciones que encabezan el movimiento Iluminemos México aceptaron la propuesta del Poder Judicial para que evalúen el trabajo de los jueces y fiscalicen sus sentencias a través de un Observatorio Ciudadano, al considerar que México “ya no aguanta más” ante la inseguridad pública que sigue imperando en el país.
Incluso, coincidieron en que ésta es la última oportunidad para enfrentar con eficacia la corrupción y la colusión del crimen organizado en las instituciones del Estado.
María Elena Moreira, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, explicó que este consejo supervisará con mayor contundencia el desempeño de los jueces a cargo de sentencias relacionadas con secuestradores, homicidas y violadores sexuales “porque los ciudadanos han llegado al tope y están indignados por la violencia, la corrupción y la impunidad que prevalece en el país”.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que México es una “selva” donde opera “la ley del más fuerte”, pues tras el asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, a manos de sus plagiarios, otras 27 personas han muerto en las mismas circunstancias.
Dio a conocer que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, 105 personas han sido asesinadas por sus secuestradores.
El pasado viernes, al rendir su segundo informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso crear un Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, liderado por Iluminemos México, organización que encabezó la marcha del 30 de agosto contra la delincuencia.
La idea, según Ortiz Mayagoitia, es tener un instrumento para evaluar el trabajo que realizan los jueces.
Al respecto, Moreira manifestó su disposición a participar en este Observatorio Ciudadano porque es la “única forma” en que los mexicanos podrán supervisar el trabajo de jueces en un contexto de crisis en el país por la violencia y la inseguridad pública.
Dijo que en un principio se pensó que el Poder Judicial iba a ser el más difícil de penetrar. Sin embargo, indicó que desde que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ha mostrado una total apertura, que deberá extenderse hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ortega celebró la disposición del Poder Judicial, y la calificó como un “hito en la historia”, pues antes existía gran cerrazón.
Recordó que en 2005 fracasó una comisión ciudadana de observación creada en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, cuando se intentó conocer porqué fue liberado el presunto secuestrador Mario Alberto Bayardo Hernández. “En ese entonces el Poder Judicial de la Federación se negó a darnos información”, aseguró.
En su opinión, “el sol no se puede tapar con un dedo y es tan grande la crisis de inseguridad pública que si en el Poder Ejecutivo no hay una apertura similar a la del Judicial todos van a terminar embarrados de lodo”, pues es evidente, dijo, el grado de colusión entre el crimen organizado y servidores públicos.
Elías Kuri, coordinador del grupo Iluminemos México, pidió a la ciudadanía mantener abierta su exigencia hacia las autoridades para que demuestren con hechos, que hay acciones eficaces para frenar la violencia.
Dijo que es tiempo de relevar sin retraso a todo funcionario que no dé resultados que garanticen la seguridad de personas y sus bienes.
Por su parte, María Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en un icono en la lucha contra el secuestro en México, dijo que desde hace tres años la inseguridad en el país se ha salido de control y es necesario que las autoridades tomen acciones “drásticas, inmediatas y prácticas”. Sugirió, incluso, que el Ejército patrulle las calles del DF, ante la violencia e inseguridad que ya se siente en la capital del país.
Incluso, coincidieron en que ésta es la última oportunidad para enfrentar con eficacia la corrupción y la colusión del crimen organizado en las instituciones del Estado.
María Elena Moreira, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, explicó que este consejo supervisará con mayor contundencia el desempeño de los jueces a cargo de sentencias relacionadas con secuestradores, homicidas y violadores sexuales “porque los ciudadanos han llegado al tope y están indignados por la violencia, la corrupción y la impunidad que prevalece en el país”.
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, aseguró que México es una “selva” donde opera “la ley del más fuerte”, pues tras el asesinato del joven Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, a manos de sus plagiarios, otras 27 personas han muerto en las mismas circunstancias.
Dio a conocer que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, 105 personas han sido asesinadas por sus secuestradores.
El pasado viernes, al rendir su segundo informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso crear un Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, liderado por Iluminemos México, organización que encabezó la marcha del 30 de agosto contra la delincuencia.
La idea, según Ortiz Mayagoitia, es tener un instrumento para evaluar el trabajo que realizan los jueces.
Al respecto, Moreira manifestó su disposición a participar en este Observatorio Ciudadano porque es la “única forma” en que los mexicanos podrán supervisar el trabajo de jueces en un contexto de crisis en el país por la violencia y la inseguridad pública.
Dijo que en un principio se pensó que el Poder Judicial iba a ser el más difícil de penetrar. Sin embargo, indicó que desde que se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ha mostrado una total apertura, que deberá extenderse hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ortega celebró la disposición del Poder Judicial, y la calificó como un “hito en la historia”, pues antes existía gran cerrazón.
Recordó que en 2005 fracasó una comisión ciudadana de observación creada en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, cuando se intentó conocer porqué fue liberado el presunto secuestrador Mario Alberto Bayardo Hernández. “En ese entonces el Poder Judicial de la Federación se negó a darnos información”, aseguró.
En su opinión, “el sol no se puede tapar con un dedo y es tan grande la crisis de inseguridad pública que si en el Poder Ejecutivo no hay una apertura similar a la del Judicial todos van a terminar embarrados de lodo”, pues es evidente, dijo, el grado de colusión entre el crimen organizado y servidores públicos.
Elías Kuri, coordinador del grupo Iluminemos México, pidió a la ciudadanía mantener abierta su exigencia hacia las autoridades para que demuestren con hechos, que hay acciones eficaces para frenar la violencia.
Dijo que es tiempo de relevar sin retraso a todo funcionario que no dé resultados que garanticen la seguridad de personas y sus bienes.
Por su parte, María Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en un icono en la lucha contra el secuestro en México, dijo que desde hace tres años la inseguridad en el país se ha salido de control y es necesario que las autoridades tomen acciones “drásticas, inmediatas y prácticas”. Sugirió, incluso, que el Ejército patrulle las calles del DF, ante la violencia e inseguridad que ya se siente en la capital del país.
Liliana Alcántara, El Universal, 14 de diciembre.
0 Responses to "Aceptan activistas fiscalizar a jueces"
Publicar un comentario