El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para obligar a los concesionarios de telefonía celular a llevar un registro de los usuarios y de las comunicaciones, con la finalidad de inhibir el uso de los aparatos telefónicos en delitos como el secuestro, la extorsión y las amenazas.
Dicho registro contendrá no sólo el nombre y el domicilio actualizado de los usuarios, sino también la impresión de las huellas digitales, para garantizar su identificación.
Con 321 votos, las ocho fracciones parlamentarias avalaron el dictamen de la Comisión de Comunicaciones que concede a las empresas telefónicas un año para levantar el referido registro.
El proyecto refiere que “el bajo costo del servicio y la falta de registro de los datos personales del usuario convierte al chip en un medio de seguridad para quienes utilizan ese sistema de comunicación para cometer delitos como las extorsión, el secuestro y el robo de teléfonos celulares”.
De acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, entre diciembre de 2007 y febrero de 2009 se reportaron 31 mil llamadas de extorsión tan solo en la capital del país.
La reforma aprobada establece la obligación de llevar un registro por separado de las líneas contratadas bajo un plan tarifario y las sujetas a tarjetas de prepago.
Dichos registros contendrán como información mínima el número y la modalidad de la línea telefónica; el nombre completo, la nacionalidad y el domicilio del usuario, así como la impresión de las huellas digitales.
Asimismo se mantendrá registro y control de cualquier forma de transmisión por la vía celular (voz, buzón local, conferencia, datos, mensajes cortos o multimedia) con los datos necesarios para rastrear el origen y el destino de las comunicaciones.
Los concesionarios deberán conservar los archivos de esas comunicaciones por lo menos un año.
La enmienda a la Ley Federal de Comunicaciones obliga también a las empresas telefónicas a proteger los datos de los usuarios:
“Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación para garantizar su cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación”, puntualiza el articulado.
Dicho registro contendrá no sólo el nombre y el domicilio actualizado de los usuarios, sino también la impresión de las huellas digitales, para garantizar su identificación.
Con 321 votos, las ocho fracciones parlamentarias avalaron el dictamen de la Comisión de Comunicaciones que concede a las empresas telefónicas un año para levantar el referido registro.
El proyecto refiere que “el bajo costo del servicio y la falta de registro de los datos personales del usuario convierte al chip en un medio de seguridad para quienes utilizan ese sistema de comunicación para cometer delitos como las extorsión, el secuestro y el robo de teléfonos celulares”.
De acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, entre diciembre de 2007 y febrero de 2009 se reportaron 31 mil llamadas de extorsión tan solo en la capital del país.
La reforma aprobada establece la obligación de llevar un registro por separado de las líneas contratadas bajo un plan tarifario y las sujetas a tarjetas de prepago.
Dichos registros contendrán como información mínima el número y la modalidad de la línea telefónica; el nombre completo, la nacionalidad y el domicilio del usuario, así como la impresión de las huellas digitales.
Asimismo se mantendrá registro y control de cualquier forma de transmisión por la vía celular (voz, buzón local, conferencia, datos, mensajes cortos o multimedia) con los datos necesarios para rastrear el origen y el destino de las comunicaciones.
Los concesionarios deberán conservar los archivos de esas comunicaciones por lo menos un año.
La enmienda a la Ley Federal de Comunicaciones obliga también a las empresas telefónicas a proteger los datos de los usuarios:
“Los concesionarios tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación para garantizar su cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación”, puntualiza el articulado.
Daniel Venegas y Fernando Damián, Milenio, 5 de diciembre.
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