Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que entre otras cosas crea tres centros nacionales para un mejor funcionamiento de la procuración de justicia: uno de Información, otro de Certificación y Control de Confianza, y uno más de Prevención del Delito.
Ayer, luego de tres días de negociación entre los tres principales partidos, la Comisión de Seguridad aprobó la primera iniciativa de las seis que se comprometió a avalar el Congreso como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia.
La norma se llevará hoy al pleno, donde se dispensarán trámites legislativos para dejarla aprobada y enviarla al Senado.
Ayer, en la revisión del dictamen, AN y PRI impulsaron un cambio al artículo 19; en él señalan facultades, funciones y reglas de operación del Centro Nacional de Información, una de las apuestas más importantes de los legisladores.
En ese artículo, se señalaba que quienes dirigieran ese Centro deberían “resguardar” la información contenida, palabra que se borró ante la sorpresa y molestia de los perredistas.
El perredista David Mendoza alertó sobre la intención de priístas y panistas de que un futuro el contenido de inteligencia de ese Centro Nacional de Información quede en manos de la Secretaría de la Seguridad Pública, y se evite la participación de la sociedad civil en esta nuevo órgano.
En la sesión de la comisión todo marchaba con acuerdos, pero en ese tema la buena relación se rompió ante pocos argumentos de priístas y panistas, pues señalaban que abrir el contenido del Centro Nacional de Información no era “nada grave”.
La priísta Patricia Villanueva sugirió esperar a saber si los cambios gustan a gobernadores.
El PRD calificó la eliminación de la palabra “resguardar” de “una tomadura de pelo”.
Andrés Lozano refirió que dejar sin resguardo la información criminalística y del personal del Sistema Nacional era un factor de desconfianza.
Sobre el resto de la ley, el dictamen marca nuevas reglas para integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por el Presidente de la República; gobernadores y formado por secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina; Procurador General de la República, y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se crean tres conferencias nacionales en las que estarán procuradores y secretarios de seguridad estatales y directores de centros de prevención del delito.
Además, se matizaron sanciones a entidades para que antes de retirarles dinero por incumplir programas de combate a la delincuencia, se les garantice audiencia y la decisión colegiada de integrantes del Consejo Nacional.
Ayer, luego de tres días de negociación entre los tres principales partidos, la Comisión de Seguridad aprobó la primera iniciativa de las seis que se comprometió a avalar el Congreso como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia.
La norma se llevará hoy al pleno, donde se dispensarán trámites legislativos para dejarla aprobada y enviarla al Senado.
Ayer, en la revisión del dictamen, AN y PRI impulsaron un cambio al artículo 19; en él señalan facultades, funciones y reglas de operación del Centro Nacional de Información, una de las apuestas más importantes de los legisladores.
En ese artículo, se señalaba que quienes dirigieran ese Centro deberían “resguardar” la información contenida, palabra que se borró ante la sorpresa y molestia de los perredistas.
El perredista David Mendoza alertó sobre la intención de priístas y panistas de que un futuro el contenido de inteligencia de ese Centro Nacional de Información quede en manos de la Secretaría de la Seguridad Pública, y se evite la participación de la sociedad civil en esta nuevo órgano.
En la sesión de la comisión todo marchaba con acuerdos, pero en ese tema la buena relación se rompió ante pocos argumentos de priístas y panistas, pues señalaban que abrir el contenido del Centro Nacional de Información no era “nada grave”.
La priísta Patricia Villanueva sugirió esperar a saber si los cambios gustan a gobernadores.
El PRD calificó la eliminación de la palabra “resguardar” de “una tomadura de pelo”.
Andrés Lozano refirió que dejar sin resguardo la información criminalística y del personal del Sistema Nacional era un factor de desconfianza.
Sobre el resto de la ley, el dictamen marca nuevas reglas para integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por el Presidente de la República; gobernadores y formado por secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina; Procurador General de la República, y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se crean tres conferencias nacionales en las que estarán procuradores y secretarios de seguridad estatales y directores de centros de prevención del delito.
Además, se matizaron sanciones a entidades para que antes de retirarles dinero por incumplir programas de combate a la delincuencia, se les garantice audiencia y la decisión colegiada de integrantes del Consejo Nacional.
Andrea Merlos y Juan Arivzu, El Universal, 4 de diciembre.
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