Culiacán, Sin., 17 de diciembre. El gobierno mexicano paga las consecuencias de haber dejado crecer tanto el fenómeno del narcotráfico, y el combate a este problema podría conducir a una espiral de violencia, extorsiones, vejaciones, abuso y autoritarismo, en el que la aplicación de la justicia sea la excepción, afirmó Emilio Álvarez Icaza.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que el gobierno federal, junto con los estatales, deben revisar la estrategia contra el narco, y sacar al Ejército Mexicano de estas acciones, porque la milicia está entrenada para el uso extremo de la fuerza y para la defensa de la soberanía.
“El Ejército tiene una importantísima labor en la seguridad nacional y debe hacerlo y hacerlo bien, pero si lo ponen en tareas de seguridad pública violan los derechos humanos, porque están entrenados para el uso extremo de la fuerza. Si un militar marca el alto a un automovilista y éste no se detiene, el militar dispara, pero si lo hace un policía, éste lo persigue”, sostuvo.
El ombudsman dictó en Culiacán una conferencia sobre el aniversario 60 de la promulgación de las garantías básicas, por parte de la Organización de Naciones Unidas, y por el 21 aniversario luctuoso de Michel Jacobo, uno de los abogados que fundaron la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) se reunió con Óscar Loza Ochoa y Leonel Aguirre, ex presidente y presidente de este organismo ciudadano.
En entrevista con La Jornada, dijo que en el combate al narcotráfico hace falta elaborar una política de Estado, lo que supone una visión integral y una agenda de seguridad pública que incluya la lucha por la seguridad, inteligencia, limitar el poder económico e involucrar a la sociedad.
“Los operativos contra el narco abren una puerta peligrosa con espirales de violencia, por eso es importante que la lucha contra este problema se inscriba como una regla de la democracia, porque así se garantiza que el Estado respeta los derechos humanos, ya que no puede combatir el delito cometiéndolo”, manifestó.
Álvarez Icaza agregó que las estrategias para combatir el crimen organizado no están dando resultados, “por eso debe repensarse el paradigma de combate a la violencia por parte del gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales. Y mientras no se afecten los intereses económicos del narcotráfico éste va a conservar su capacidad de extorsión y operación”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que el gobierno federal, junto con los estatales, deben revisar la estrategia contra el narco, y sacar al Ejército Mexicano de estas acciones, porque la milicia está entrenada para el uso extremo de la fuerza y para la defensa de la soberanía.
“El Ejército tiene una importantísima labor en la seguridad nacional y debe hacerlo y hacerlo bien, pero si lo ponen en tareas de seguridad pública violan los derechos humanos, porque están entrenados para el uso extremo de la fuerza. Si un militar marca el alto a un automovilista y éste no se detiene, el militar dispara, pero si lo hace un policía, éste lo persigue”, sostuvo.
El ombudsman dictó en Culiacán una conferencia sobre el aniversario 60 de la promulgación de las garantías básicas, por parte de la Organización de Naciones Unidas, y por el 21 aniversario luctuoso de Michel Jacobo, uno de los abogados que fundaron la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) se reunió con Óscar Loza Ochoa y Leonel Aguirre, ex presidente y presidente de este organismo ciudadano.
En entrevista con La Jornada, dijo que en el combate al narcotráfico hace falta elaborar una política de Estado, lo que supone una visión integral y una agenda de seguridad pública que incluya la lucha por la seguridad, inteligencia, limitar el poder económico e involucrar a la sociedad.
“Los operativos contra el narco abren una puerta peligrosa con espirales de violencia, por eso es importante que la lucha contra este problema se inscriba como una regla de la democracia, porque así se garantiza que el Estado respeta los derechos humanos, ya que no puede combatir el delito cometiéndolo”, manifestó.
Álvarez Icaza agregó que las estrategias para combatir el crimen organizado no están dando resultados, “por eso debe repensarse el paradigma de combate a la violencia por parte del gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales. Y mientras no se afecten los intereses económicos del narcotráfico éste va a conservar su capacidad de extorsión y operación”.
Javier Valdez Cárdenas, La Jornada, 18 de diciembre.
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