Durante la firma de un convenio entre la organización civil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), para asegurar que los recursos de programas sociales no sean malversados en las campañas electorales del próximo año, Magdy Martínez, representante del programa de la ONU, aseguró que se debe vigilar que “no se presione o manipule” al electorado mediante prácticas “caciquiles” y “poco éticas”.
Para el PNUD también hay otros riesgos. “Existen dos aspectos que deben monitorearse porque son los focos rojos: los incidentes violentos y el exceso de liquidez, que es probablemente la punta de un ilícito”, agregó Martínez en conferencia de prensa.
La infiltración del narcotráfico en las seis elecciones locales del próximo año es una “preocupación que ronda en todo el país” y el momento “más crítico” es el previo a las campañas, porque se supone que sus actos son de carácter “privado” y, en teoría, los apoyos llegan de “un grupo de amigos”, afirmó Reyes Heroles.
La sociedad civil debe jugar un papel fundamental ante esta realidad, mediante la “presión” a los precandidatos para transparentar los recursos que llegan a sus proyectos, respetando la confidencialidad de los donadores, dijo.
Durante los campañas presidenciales, los aspirantes Jorge Castañeda y Felipe Calderón solicitaron a Transparencia Mexicana ser observador de un fideicomiso para ambas candidaturas y sólo tres personas conocían los registros de los depósitos, para respetar el secreto bancario. Incluso, aseguró que el ex canciller logró recaudar más apoyo que el panista.
El convenio de colaboración tiene la intención de observar el funcionamiento de los programas sociales federales y estatales, y en caso de desvío de recursos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México y Transparencia lo harán público “en tiempo real de la campaña”, porque no sería funcional que se realizara un informe después de los comicios.
Comenzarán con solicitar “de buena fe” —porque no sería obligatorio— a los gobiernos de las entidades que realicen una “autoevaluación” de los mecanismos de asignación de los programas sociales. Si alguno se niega a participar, estaría señalado, precisó Martínez.
Esta es una iniciativa que tiene la intención de “suplir el vacío jurídico” en los programas sociales, pero no pretende “suplir instituciones”.
- Claves
El convenio
• El convenio tiene la intención de transparentar los recursos, toda vez que la corrupción en servicios públicos representa 18 por ciento del ingreso de los hogares.
• Se intenta perfeccionar el sistema para transparentar la gestión pública y facilitar la rendición de cuentas. Tratarán de definir estrategias para vigilar el manejo de los recursos en casos de desastres naturales.
• El seguimiento de los recursos es fundamental, sobre todo en esta crisis económica, que es cuando más se debe cuidar el presupuesto.
Nayeli Roldán, Milenio, 17 de diciembre.
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