Un cambio profundo de imagen, procedimientos y actitudes de los cuerpos policiacos de todo el país --incluso de las corporaciones privadas--, entre otros aspectos de prevención y combate a la criminalidad, dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo Consejo Nacional —el máximo órgano rector de la estructura de seguridad pública— lo presidirá el Ejecutivo federal.
El dictamen de la iniciativa de esta ley con proyecto de decreto, se prevé será aprobado hoy en la Comisión de Seguridad Pública y, mañana, con dispensa de trámite, por el pleno de la Cámara de Diputados, para remitir de inmediato la minuta al Senado, donde el jueves de la semana entrante sería votado favorablemente.
Por disposición legal, esta ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, debe estar en disposición a más tardar el 18 de este mes, a efecto de que el Ejecutivo federal publique el decreto y haga efectiva su aplicación con carácter de observancia obligatoria.
Empero, la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se planteó en su Comisión de Seguridad Pública sacar esta ley antes del 15 de este mes, pero como se manifestó anoche, el procesamiento de la iniciativa no fue sencillo.
Y es que el centralismo y la repartición de recursos fueron, junto con tres factores más, los que atoraron los consensos entre las principales bancadas de la Cámara baja en pos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el texto del dictamen que anoche —antes de suspenderse la sesión de la comisión dictaminadora— estaba sometido a últimos ajustes de redacción, dicha ley enfrentó, en su discusión, al menos cinco puntos de diferencia, especialmente rechazados por la bancada del Partido Acción Nacional.
Entre esos puntos se encontraba la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública --el PAN se oponía a que lo encabezara el Presidente de la República--; ahora incluso estará integrado por todos los gobernadores, incluso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, dos representantes del Congreso, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, además del procurador General de la República y sus contrapartes de todas las entidades del país, además que contará con un secretario ejecutivo.
En la fase final de las discusiones en pos de un acuerdo, el problema central fue en materia de recursos y el manejo centralista de éstos, toda vez que se aplicaban sanciones administrativas y suspensión de la ministración de fondos por el incumplimiento de convenios y/o aplicación adecuada, respectivamente. La negociación centraba el tema en la soberanía de los estados.
DISPOSICIONES. En términos generales, la iniciativa dictaminada y que hoy será aprobada en la Comisión de Seguridad Pública y, mañana, por el pleno camaral, determina en esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contará con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, además de cuatro conferencias.
Un punto toral en la nueva legislación es que establece un régimen disciplinario para asegurar que la actuación de las instituciones policiales se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Incluso, conforme con adiciones propuestas al artículo 211 bis, se aplicará prisión de hasta 10 años y multa de 500 a mil días de salario mínimo e inhabilitación de cinco a 10 años a quien indebidamente copie o utilice información contenida en Plataforma México o en cualquier sistema informático de Seguridad Pública, protegido por algún medio de seguridad.
El dictamen de la iniciativa de esta ley con proyecto de decreto, se prevé será aprobado hoy en la Comisión de Seguridad Pública y, mañana, con dispensa de trámite, por el pleno de la Cámara de Diputados, para remitir de inmediato la minuta al Senado, donde el jueves de la semana entrante sería votado favorablemente.
Por disposición legal, esta ley reglamentaria del artículo 21 constitucional, debe estar en disposición a más tardar el 18 de este mes, a efecto de que el Ejecutivo federal publique el decreto y haga efectiva su aplicación con carácter de observancia obligatoria.
Empero, la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se planteó en su Comisión de Seguridad Pública sacar esta ley antes del 15 de este mes, pero como se manifestó anoche, el procesamiento de la iniciativa no fue sencillo.
Y es que el centralismo y la repartición de recursos fueron, junto con tres factores más, los que atoraron los consensos entre las principales bancadas de la Cámara baja en pos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con el texto del dictamen que anoche —antes de suspenderse la sesión de la comisión dictaminadora— estaba sometido a últimos ajustes de redacción, dicha ley enfrentó, en su discusión, al menos cinco puntos de diferencia, especialmente rechazados por la bancada del Partido Acción Nacional.
Entre esos puntos se encontraba la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública --el PAN se oponía a que lo encabezara el Presidente de la República--; ahora incluso estará integrado por todos los gobernadores, incluso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, dos representantes del Congreso, los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, además del procurador General de la República y sus contrapartes de todas las entidades del país, además que contará con un secretario ejecutivo.
En la fase final de las discusiones en pos de un acuerdo, el problema central fue en materia de recursos y el manejo centralista de éstos, toda vez que se aplicaban sanciones administrativas y suspensión de la ministración de fondos por el incumplimiento de convenios y/o aplicación adecuada, respectivamente. La negociación centraba el tema en la soberanía de los estados.
DISPOSICIONES. En términos generales, la iniciativa dictaminada y que hoy será aprobada en la Comisión de Seguridad Pública y, mañana, por el pleno camaral, determina en esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contará con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas, además de cuatro conferencias.
Un punto toral en la nueva legislación es que establece un régimen disciplinario para asegurar que la actuación de las instituciones policiales se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Incluso, conforme con adiciones propuestas al artículo 211 bis, se aplicará prisión de hasta 10 años y multa de 500 a mil días de salario mínimo e inhabilitación de cinco a 10 años a quien indebidamente copie o utilice información contenida en Plataforma México o en cualquier sistema informático de Seguridad Pública, protegido por algún medio de seguridad.
Moisés Sánchez Limón y Luciano Franco, Crónica, 3 de diciembre.
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