Como un error militar calificó el ejército el incidente en el que perdió la vida Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del departamento del Cauca, Ayda Quilcué, quien encabezó la marcha que se dirigió a Bogotá para reclamar el cumplimiento de acuerdos al presidente Álvaro Uribe.
Según el general Justo Peña, comandante de la III División del ejército, Legarda, quien manejaba una camioneta roja del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), no atendió una orden de alto que dieron los militares en un retén instalado en la zona rural del municipio de Totoró. Los uniformados, pertenecientes a un grupo de soldados campesinos, abrieron fuego.
El vehículo, en el que se movilizaba un equipo médico, recibió 17 impactos de fusil: una de las balas se alojó en el pecho, y dos más en las piernas de Legarda, quien quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Popayán, donde falleció.
La explicación no convenció a la guardia indígena que tras el ataque acordonó la zona y detuvo a los 30 militares que conformaban una patrulla que tenía su campamento en la hacienda San Miguel. Los indígenas también se llevaron el vehículo para el casco urbano de Totoró, lo que podría complicar las labores de investigación de la Fiscalía.
Para Darío Tote, uno de los dirigentes del Cric, se trata de un ataque contra la Minga (movimiento indígena), en especial contra Ayda Quilcué, pero no contaron con que ella no se movilizaba en el carro. La líder acababa de llegar de Ginebra, Suiza, donde asistió a una sesión de la ONU en el marco de la celebración de la expedición de los 60 años de la Declaración de Derechos Humanos.El gobierno manifestó su preocupación por el incidente y señaló que hará todos los esfuerzos para que se esclarezca el ataque. Por eso, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos anunció el nombramiento de un oficial de alto rango para que encabece una investigación.
Según voceros del ejército, cada vez que se presenta un operativo en el que hay muertes se realizan dos investigaciones: una de tipo administrativo y otra penal. En ellas, se busca establecer si hubo algún tipo de omisión, negligencia o si fue una acción con uso desproporcionado de fuerza.
Para el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Évelis, el ataque se veía venir luego que el presidente Uribe y miembros del gobierno tildaran de terroristas a los indígenas que estuvieron en las marchas iniciadas el pasado 11 de octubre. “Esto fue un acto de fuerza desmedida del ejército”, dijo.
Según el general Justo Peña, comandante de la III División del ejército, Legarda, quien manejaba una camioneta roja del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), no atendió una orden de alto que dieron los militares en un retén instalado en la zona rural del municipio de Totoró. Los uniformados, pertenecientes a un grupo de soldados campesinos, abrieron fuego.
El vehículo, en el que se movilizaba un equipo médico, recibió 17 impactos de fusil: una de las balas se alojó en el pecho, y dos más en las piernas de Legarda, quien quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Popayán, donde falleció.
La explicación no convenció a la guardia indígena que tras el ataque acordonó la zona y detuvo a los 30 militares que conformaban una patrulla que tenía su campamento en la hacienda San Miguel. Los indígenas también se llevaron el vehículo para el casco urbano de Totoró, lo que podría complicar las labores de investigación de la Fiscalía.
Para Darío Tote, uno de los dirigentes del Cric, se trata de un ataque contra la Minga (movimiento indígena), en especial contra Ayda Quilcué, pero no contaron con que ella no se movilizaba en el carro. La líder acababa de llegar de Ginebra, Suiza, donde asistió a una sesión de la ONU en el marco de la celebración de la expedición de los 60 años de la Declaración de Derechos Humanos.El gobierno manifestó su preocupación por el incidente y señaló que hará todos los esfuerzos para que se esclarezca el ataque. Por eso, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos anunció el nombramiento de un oficial de alto rango para que encabece una investigación.
Según voceros del ejército, cada vez que se presenta un operativo en el que hay muertes se realizan dos investigaciones: una de tipo administrativo y otra penal. En ellas, se busca establecer si hubo algún tipo de omisión, negligencia o si fue una acción con uso desproporcionado de fuerza.
Para el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Évelis, el ataque se veía venir luego que el presidente Uribe y miembros del gobierno tildaran de terroristas a los indígenas que estuvieron en las marchas iniciadas el pasado 11 de octubre. “Esto fue un acto de fuerza desmedida del ejército”, dijo.
Clara Isabel Vélez en Medellín, Milenio, 17 de diciembre.
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