Desde su detención hasta el traslado, los nacionales cubanos recibieron atención de las autoridades migratorias y asistencia consular, además de alimentación, revisión médica, comunicación y trato apegado a los derechos humanos.
En la declaración conjunta, ambos países se pronunciaron por la protección “a las víctimas del tráfico ilícito de personas y por preservar sus derechos humanos”. Según el documento, las partes se comprometen “a devolver a todos los nacionales de ambos países que se encuentren en situación irregular en el territorio de la otra parte, y a potenciar la cooperación permanente a través del grupo de trabajo sobre asuntos migratorios y consulares.”
La Jornada, 5 de diciembre.
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