Hernández subrayó que en la medida en que haya mayor colaboración, mayor vigilancia de los procesos y fiscalización más acuciosa de las autoridades correspondientes, podrá hacerse más difícil la posible incidencia de los poderes fácticos en los comicios. Y por poderes fácticos debe entenderse no solamente los grupos empresariales poderosos, sino, en este caso, también el crimen organizado.
Aunque no se ha hecho explícito, en el escenario del IFE también se considera la necesidad de extender las acciones de blindaje electoral a estos ámbitos, donde inclusive podrían ser más susceptible de que dinero ilícito busque insertarse en las campañas. En particular, en aquellas entidades donde habrá elecciones de autoridades ejecutivas.
Alonso Urrutia, La Jornada, 5 de diciembre.
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