El IFE alista un reglamento de sanciones a los funcionarios que usen recursos públicos en su propaganda personal, en el que prohibe la promoción "de partidos políticos, precandidatos o candidatos, que aparezca en la publicidad estática de eventos deportivos transmitidos por televisión, o cualquier otra que aparezca en algún programa de algún canal".
También prohibe la propaganda electoral "de partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos que incluya el nombre, la imagen o voz del Presidente de la República, Gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores".
El proyecto de reglamento será discutido con los partidos políticos este jueves, antes de decidir subirlos a la sesión del Consejo General del 22 de diciembre para su aprobación.
El acuerdo de los servidores públicos también concede "un plazo de 10 días a partir de la aprobación del presente reglamento para que los servidores públicos que aun mantengan bardas o publicidad exterior con elementos contrarios al presente reglamento, procedan a su borrado o retiro, a fin de evitar incurrir en alguna de las faltas señaladas en este ordenamiento".
Otro reglamento, para regular las calumnias a las personas o la denigración a los partidos, prevé garantizar la libertad de expresión, evitar la censura previa y considerará motivo de denuncias o quejas aquella propaganda política o electoral de militantes, precandidatos, partidos o candidatos que, entre otras expresiones, utilicen aquellas que "ataquen a la moral", o "las que tengan como efecto el ataque a la honra o reputación de las personas, sin evidencia alguna sobre los hechos que motivan el ataque".
También prohibe la propaganda electoral "de partidos políticos, coaliciones, precandidatos o candidatos que incluya el nombre, la imagen o voz del Presidente de la República, Gobernadores, presidentes municipales, diputados o senadores".
El proyecto de reglamento será discutido con los partidos políticos este jueves, antes de decidir subirlos a la sesión del Consejo General del 22 de diciembre para su aprobación.
El acuerdo de los servidores públicos también concede "un plazo de 10 días a partir de la aprobación del presente reglamento para que los servidores públicos que aun mantengan bardas o publicidad exterior con elementos contrarios al presente reglamento, procedan a su borrado o retiro, a fin de evitar incurrir en alguna de las faltas señaladas en este ordenamiento".
Otro reglamento, para regular las calumnias a las personas o la denigración a los partidos, prevé garantizar la libertad de expresión, evitar la censura previa y considerará motivo de denuncias o quejas aquella propaganda política o electoral de militantes, precandidatos, partidos o candidatos que, entre otras expresiones, utilicen aquellas que "ataquen a la moral", o "las que tengan como efecto el ataque a la honra o reputación de las personas, sin evidencia alguna sobre los hechos que motivan el ataque".
Guadalupe Irízar, Reforma, 17 de diciembre.
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