Señaló que los recursos obtenidos de ese programa conjunto entre México y Estados Unidos sólo se pueden destinar a la inversión en infraestructura, al gobierno federal le corresponde el pago de salarios, la compra de medicamentos y las acciones de prevención y detección de uso de drogas.
Entre estas últimas se encuentra la aplicación de cuestionarios de escrutinio, con los cuales se buscará detectar a menores con mayor riesgo de caer en el consumo de drogas. También explicó que con base en los resultados de los interrogatorios y con el apoyo de los padres de familia, se proporcionará a niños y adolescentes el tratamiento necesario para su rehabilitación.
Entrevistado luego de la entrega de reconocimientos al voluntariado nacional de la Ssa, el funcionario comentó que ya existen 202 centros de prevención y atención de adicciones, para los cuales se contrató a 900 trabajadores, la mayoría sicólogos y médicos. Destacó que conforme al plan en la materia, para enero próximo el número de unidades llegará a 300.
Respecto a los recursos provenientes de la Iniciativa Mérida, los cuales empezaron a fluir el pasado miércoles tras la firma del acuerdo entre México y Estados Unidos, el secretario comentó que se instalará la red informática en todos los centros de atención de adicciones, a fin de que en los primeros tres meses del próximo año funcionen al 100 por ciento.
En otro tema, Córdova se refirió a la ley contra el tabaco, y dijo que “va a costar trabajo” su aplicación. “Va a haber reacciones y gente desobediente”, aunque también mencionó que cada día existe más conciencia sobre los daños que ocasiona a la salud el humo del cigarro.
Sobre el retraso en la publicación del reglamento y el periodo de consulta sobre el documento, que coordina la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, mencionó que “hay muchos intereses y en el momento de la construcción se debe tomar en cuenta a todos los interesados”, y aún así, dijo, las inconformidades persisten. “Esto toma tiempo y es preferible hacerlo bien para no sacar algo que pueda ser impugnable”.
Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 6 de diciembre.
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