Por ello, dice la reforma, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
El Congreso federal y las legislaturas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán organismos de protección en la materia que amparen el orden jurídico mexicano en esa materia.
Igualmente, obliga a las legislaturas estatales a garantizar que los organismos para la protección de los derechos humanos, cuenten con la autonomía de gestión, presupuestaria, de personalidad jurídica y patrimonio propios.
Se estipula que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los titulares de organismos de protección a los mismos, y sus consejos consultivos serán elegidos a través de un procedimiento de consulta pública y participación social.
Prevé que las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas en la materia, deberán publicar las razones de su negativa.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ray-mundo Cárdenas Hernández, del PRD, consideró lo aprobado como una “gran reforma”, pues amplía para todos los mexicanos los derechos humanos.
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