Durango, Dgo., 26 de agosto. La aplicación de la reforma de justicia penal está en riesgo ante la falta de recursos y también por la carencia de compromiso del gobierno federal para apoyar a procuradurías y organismos encargados de impartir justicia, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo.
Durante el acto inaugural del décimo Encuentro de Procuradores y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Campos dijo: “Lamento mucho que el señor Presidente de la República no haya tenido un espacio en su agenda para venir a este encuentro”. En entrevista posterior agregó que es de lamentarse la falta de interés del presidente Felipe Calderón, ya que en este acto se reúnen “nada más y nada menos que quienes tenemos la muy alta responsabilidad de juzgar 97 por ciento de los delitos que se cometen en el país”.
Las declaraciones del magistrado se hicieron minutos antes de que sus homólogos analizaran la aplicación de la figura del arraigo en la investigación de delitos que no son considerados de delincuencia organizada; las necesidades y problemas que tienen para implementar la llamada justicia para adolescentes, y el combate al narcomenudeo.
Durante la inauguración del encuentro, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Javier Molina Ruiz, quien acudió en representación de Arturo Chávez Chávez, pidió que “se apriete el paso” en materia de justicia para adolescentes y que “cada quien asuma cabalmente el papel que le corresponde en el tema”. También demandó “responsabilidad compartida para combatir eficazmente el narcomenudeo”.
Cárceles, escuelas del crimen
En tanto, el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, afirmó que “México no padece una crisis de seguridad y de violencia”, sino “enfrenta una firme lucha a favor de la paz, la seguridad y el estado de derecho.
“Se trata de una batalla contra un fenómeno complejo que no es exclusivo de alguna región o estado, ni de nuestro país. Es un fenómeno multifactorial e internacional”, dijo. El mandatario estatal pidió a los procuradores y presidentes de tribunales “pasar de la inercia de repartir culpas a la cultura de asumir responsabilidades”.
En ese contexto, los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia trabajan para alcanzar acuerdos y que se sancione de la misma manera en todos los estados a los narcomenudistas y también a los jóvenes menores de edad que cometan delitos, a fin de que las penas sean acordes con el ilícito.
Durante el primer día de trabajos, los asistentes analizaron la posibilidad de que la figura de extinción de dominio, que ya se aplica en siete entidades, se extienda a todo el país para mejorar el combate al crimen organizado, de acuerdo con versiones recogidas entre los asistentes, entre ellos el procurador de Durango, Daniel García, y el de Quintana Roo, Francisco Alor.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, declaró que la implementación del nuevo sistema de justicia penal y la puesta en marcha de justicia para adolescentes están en riesgo, “porque no vemos ninguna situación de verdadera cooperación ni compromiso para dotar a las procuradurías, a los poderes judiciales y defensorías públicas de los recursos que puedan garantizar con éxito su aplicación”.
Apuntó que “el gobierno ha venido manejando con absoluta irresponsabilidad el tema de las cárceles, porque las prisiones para adultos y los centros de internamiento para jóvenes son verdaderas escuelas del crimen, donde los custodios no tienen profesionalización, capacitación ni equipamiento”.
Criticó los Diálogos por la Seguridad que ha organizado la Presidencia, porque “no tienen sentido si no van acompañados de políticas realistas. Se tiene que ir a fondo y ello implica dar autonomía presupuestaria a los poderes judiciales, a las procuradurías y por supuesto dar sustento financiero a todas estas medidas, ya que no se pueden seguir atendiendo solamente con discursos”.
Concluyó que a los tribunales superiores “no ha llegado presupuesto para los juicios orales. No es posible que este año se tenga un presupuesto para apoyar estos juicios de 700 millones de pesos y que 400 millones sean para gasto corriente y los otros 300 millones se repartan entre las procuradurías, los estados y las defensorías de oficio”.
Durante el acto inaugural del décimo Encuentro de Procuradores y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, Campos dijo: “Lamento mucho que el señor Presidente de la República no haya tenido un espacio en su agenda para venir a este encuentro”. En entrevista posterior agregó que es de lamentarse la falta de interés del presidente Felipe Calderón, ya que en este acto se reúnen “nada más y nada menos que quienes tenemos la muy alta responsabilidad de juzgar 97 por ciento de los delitos que se cometen en el país”.
Las declaraciones del magistrado se hicieron minutos antes de que sus homólogos analizaran la aplicación de la figura del arraigo en la investigación de delitos que no son considerados de delincuencia organizada; las necesidades y problemas que tienen para implementar la llamada justicia para adolescentes, y el combate al narcomenudeo.
Durante la inauguración del encuentro, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Francisco Javier Molina Ruiz, quien acudió en representación de Arturo Chávez Chávez, pidió que “se apriete el paso” en materia de justicia para adolescentes y que “cada quien asuma cabalmente el papel que le corresponde en el tema”. También demandó “responsabilidad compartida para combatir eficazmente el narcomenudeo”.
Cárceles, escuelas del crimen
En tanto, el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, afirmó que “México no padece una crisis de seguridad y de violencia”, sino “enfrenta una firme lucha a favor de la paz, la seguridad y el estado de derecho.
“Se trata de una batalla contra un fenómeno complejo que no es exclusivo de alguna región o estado, ni de nuestro país. Es un fenómeno multifactorial e internacional”, dijo. El mandatario estatal pidió a los procuradores y presidentes de tribunales “pasar de la inercia de repartir culpas a la cultura de asumir responsabilidades”.
En ese contexto, los procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia trabajan para alcanzar acuerdos y que se sancione de la misma manera en todos los estados a los narcomenudistas y también a los jóvenes menores de edad que cometan delitos, a fin de que las penas sean acordes con el ilícito.
Durante el primer día de trabajos, los asistentes analizaron la posibilidad de que la figura de extinción de dominio, que ya se aplica en siete entidades, se extienda a todo el país para mejorar el combate al crimen organizado, de acuerdo con versiones recogidas entre los asistentes, entre ellos el procurador de Durango, Daniel García, y el de Quintana Roo, Francisco Alor.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rodolfo Campos Montejo, declaró que la implementación del nuevo sistema de justicia penal y la puesta en marcha de justicia para adolescentes están en riesgo, “porque no vemos ninguna situación de verdadera cooperación ni compromiso para dotar a las procuradurías, a los poderes judiciales y defensorías públicas de los recursos que puedan garantizar con éxito su aplicación”.
Apuntó que “el gobierno ha venido manejando con absoluta irresponsabilidad el tema de las cárceles, porque las prisiones para adultos y los centros de internamiento para jóvenes son verdaderas escuelas del crimen, donde los custodios no tienen profesionalización, capacitación ni equipamiento”.
Criticó los Diálogos por la Seguridad que ha organizado la Presidencia, porque “no tienen sentido si no van acompañados de políticas realistas. Se tiene que ir a fondo y ello implica dar autonomía presupuestaria a los poderes judiciales, a las procuradurías y por supuesto dar sustento financiero a todas estas medidas, ya que no se pueden seguir atendiendo solamente con discursos”.
Concluyó que a los tribunales superiores “no ha llegado presupuesto para los juicios orales. No es posible que este año se tenga un presupuesto para apoyar estos juicios de 700 millones de pesos y que 400 millones sean para gasto corriente y los otros 300 millones se repartan entre las procuradurías, los estados y las defensorías de oficio”.
Gustavo Castillo García, La Jornada, 27 de agosto.
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