Relatora de la OEA ofrece asesoría a periodistas y ONG

La relatora especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, ofreció la experiencia de esa organización para presentar casos de violación al derecho a la información ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al reunirse en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales para discutir el acceso a la información pública, la relatora adelantó que difícilmente se reflejarán en el informe los casos aquí presentados.

Acompañada por el relator sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, Frank La Rue, con quien realiza una visita oficial a México, la relatora señaló que el informe final sobre México que se entregará luego de la visita reflejará en general lo que está pasando con la libre expresión.

Sin embargo, adelantó que los asuntos presentados respecto al ejercicio del derecho a la información pública sí pueden presentarse como casos específicos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre que se hayan agotado todas las instancias al interior del país.

En la reunión, los representantes de organizaciones como Litiga, México Informa y Fundar advirtieron que si bien la Ley de Transparencia es un avance importante, existen funcionarios que han aprendido a usarlas para anular en los hechos esa garantía.

El columnista del periódico El Imparcial de Sonora, Guillermo Noriega, advirtió que en los estados todavía prevalecen prácticas políticas de gobernadores que “son como virreyes, los medios de comunicación son débiles y es fácil identificar a los reporteros.

Por ello señaló que es necesario que los relatores de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) señalen en su informe que existe un “consenso de opacidad” en el gobierno federal y sobre todo en los gobierno estatales.

A su vez, la reportera Alma Delia Fuentes denunció que las dependencias públicas federales mantienen en los hechos una especie de lista negra de solicitantes de información a quienes sistemáticamente se les niegan los datos o se les retrasan los procedimientos sobre todo si son periodistas.

En el mismo sentido, la reportera Daniela Pastrana aseguró que en torno a la Ley de Transparencia se ha tenido que entrenar una fuente de reportero especializado para saber cómo se plantean las solicitudes y evitar así que se niegue la información.

Lo malo es que también se observa la especialización de los funcionarios públicos para encontrar la forma de negar la información, lo cual perjudica al ciudadano común que usualmente no recibe la información solicitada porque no conoce los mecanismos para impugnar las decisiones o carece de tiempo para darle seguimiento.
La Crónica, de hoy, 11 de agosto.

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