En tanto, Darío Ramírez, director de la organización civil Artículo XIX, manifestó que el periodismo en México padece los embates perpetrados por el crimen organizado y agentes del Estado. “Año con año, desde 2006, se han incrementado las agresiones contra reporteros, y las denuncias sólo se apilan en las procuradurías; eso es vergonzoso”, sostuvo.
Entrevistado sobre la visita oficial a México de los relatores especiales de la OEA y de la ONU, Ramírez dijo que esa visita “la promovimos organizaciones civiles desde 2007, para que los expertos de organismos internacionales conocieran la situación en que se ejerce el periodismo en el país”.
El director de Artículo XIX destacó: “esperamos de esta visita varias cosas: que ambos relatores revisen la situación de la libertad de expresión, que exijan al gobierno un informe sobre el estado que guardan las investigaciones sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y otras agresiones a comunicadores, y las amenazas contra medios de comunicación.
“Esperamos que ambos relatores realicen un estudio minucioso sobre las facultades de la fiscalía para atender delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República; que impulsen la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y que apoyen la petición de que esa Fiscalía sea la encargada de realizar las investigaciones y no tengamos que andar recorriendo todas las procuradurías”, expuso.
Agregó que “como en muchas otras áreas del gobierno, es evidente que el tema de la libertad de expresión y el de derechos humanos no son prioridad de la Secretaría de Gobernación”.
Por otro lado, según un comunicado de prensa, Blake dijo durante el encuentro, celebrado en privado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, que el Ejecutivo federal asumió la defensa de la actividad periodística “y la generación de condiciones seguras para la labor de los medios como una tarea fundamental en la defensa de las libertades y del derecho de la sociedad a estar informada”.
Durante la reunión se abordaron los riesgos que enfrentan los periodistas “ante las condiciones de violencia que derivan de la acción de las organizaciones criminales que son combatidas por las instituciones de gobierno”.
También se trataron asuntos relacionados con las nuevas tecnologías de la comunicación, y con el reconocimiento pendiente, en el marco jurídico mexicano, de “expresiones de comunicación alternativas como la radiodifusión comunitaria”.
El titular de Gobernación expresó a los relatores, de visita especial en México hasta el 24 de este mes para conocer la situación que impera en el país en materia de acceso a la información y sobre el ejercicio de la libertad de expresión, su disposición para facilitarles los datos que requieran durante su estancia con el fin de que “su informe, que será recibido con gran interés (por el Ejecutivo), contribuya a reforzar las acciones del gobierno de la República y del resto de los actores sociales en materia de derechos humanos y libertad de expresión”.
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