Brindar un servicio de excelencia, con un compromiso institucional, honestidad y no discriminación son los cuatro principales objetivos de la transformación emprendida desde el pasado año 2009 por el Instituto Nacional de Migración, asegura la comisionada Cecilia Romero Castillo.
En entrevista, la comisionada afirmó que en el marco de la transformación institucional el Sistema Electrónico de Trámites que actualmente opera elimina la discrecionalidad del personal de migración con una Forma Migratoria Múltiple que además permite homologar criterios y agilizar los trámites mediante el llenado de solicitudes por computadora. Ello, aseguró, contribuye a que no se busquen prebendas por parte de los funcionarios y elimina las extorsiones y la corrupción.
Al respecto, afirmó que “no podemos esperar dar un servicio de excelencia si no tenemos una conciencia clara de que tenemos que servir a los migrantes e independientemente de su calidad migratoria tenemos que respetarlos”.
Sobre el anteproyecto de Ley de Migración que el Instituto prepara para llevarlo ante el Congreso, Romero Castillo aseveró que el mismo se presentará durante el próximo periodo de sesiones que iniciará en septiembre y se busca que los legisladores “lo hagan suyo”, ya que no se trata de una ley que pertenezca al gobierno mexicano o al INM, sino que para ello se ha venido trabajando con académicos, organizaciones de la sociedad civil y con los propios legisladores, con el propósito de oír todas las voces para estar en sintonía con los acuerdos internacionales que México ha firmado tanto en materia de Derechos Humanos como de movilidad laboral.
La comisionada comentó; “necesitamos tener una ley adecuada al siglo XXI, ya que la actual ley es del año 74 y tiene incluso rezagos que se arrastran desde el siglo XIX; en la medida en que tengamos una política migratoria más abierta, más hospitalaria y más segura, al mismo tiempo podremos incorporarnos al siglo XXI”.
Finalmente, al referirse a la entrada en vigor de una parte de la polémica Ley SB 1070 en el estado norteamericano de Arizona, Cecilia Romero aseguró que si bien no se espera la deportación masiva de connacionales a nuestro territorio, sí podría verse incrementado el número de mexicanos que deciden regresar de manera voluntaria debido a la presión que la misma ley genera; no obstante si esto ocurriera, dijo, el Instituto está preparado para enfrentar la situación.
En entrevista, la comisionada afirmó que en el marco de la transformación institucional el Sistema Electrónico de Trámites que actualmente opera elimina la discrecionalidad del personal de migración con una Forma Migratoria Múltiple que además permite homologar criterios y agilizar los trámites mediante el llenado de solicitudes por computadora. Ello, aseguró, contribuye a que no se busquen prebendas por parte de los funcionarios y elimina las extorsiones y la corrupción.
Al respecto, afirmó que “no podemos esperar dar un servicio de excelencia si no tenemos una conciencia clara de que tenemos que servir a los migrantes e independientemente de su calidad migratoria tenemos que respetarlos”.
Sobre el anteproyecto de Ley de Migración que el Instituto prepara para llevarlo ante el Congreso, Romero Castillo aseveró que el mismo se presentará durante el próximo periodo de sesiones que iniciará en septiembre y se busca que los legisladores “lo hagan suyo”, ya que no se trata de una ley que pertenezca al gobierno mexicano o al INM, sino que para ello se ha venido trabajando con académicos, organizaciones de la sociedad civil y con los propios legisladores, con el propósito de oír todas las voces para estar en sintonía con los acuerdos internacionales que México ha firmado tanto en materia de Derechos Humanos como de movilidad laboral.
La comisionada comentó; “necesitamos tener una ley adecuada al siglo XXI, ya que la actual ley es del año 74 y tiene incluso rezagos que se arrastran desde el siglo XIX; en la medida en que tengamos una política migratoria más abierta, más hospitalaria y más segura, al mismo tiempo podremos incorporarnos al siglo XXI”.
Finalmente, al referirse a la entrada en vigor de una parte de la polémica Ley SB 1070 en el estado norteamericano de Arizona, Cecilia Romero aseguró que si bien no se espera la deportación masiva de connacionales a nuestro territorio, sí podría verse incrementado el número de mexicanos que deciden regresar de manera voluntaria debido a la presión que la misma ley genera; no obstante si esto ocurriera, dijo, el Instituto está preparado para enfrentar la situación.
La Crónica, 3 de febrero.
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