La Arquidiócesis de México celebró ayer las reformas a la Ley General de Población(LGP) que, entre otros temas, despenalizan la migración ilegal.
No obstante, advirtió que a pesar de los avances, persiste el maltrato y la extorsión hacia este sector, principalmente en la frontera sur del país.
"La aprobación unánime de diputados y senadores sobre la eliminación de cargos penales a indocumentados que ingresen a México, y la posibilidad de levantar sanciones en contra de las casas de auxilio a migrantes, que solidariamente ayudan a mejorar las condiciones dramáticas en las que se realiza la movilidad humana, es un gran avance humanitario sobre este fenómeno social.
"A pesar de este avance, la realidad migratoria es aún dolorosa y trágica en nuestro país", destacó en la editorial del semanario católico Desde la Fe.
La semana pasada, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron eliminar la pena de cárcel para los indocumentados detenidos en territorio nacional. La migración ilegal se sancionará ahora con una multa de 20 a 100 días de salario mínimo.
La Arquidiócesis de México refirió ayer que de acuerdo con datos de un informe elaborado por Cáritas Migrante, de la Conferencia del Episcopado Mexicano(CEM), durante 2007 se reportaron más de 200 violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como detenciones arbitrarias e irregulares en el 98 por ciento de los casos.
El órgano informativo, encabezado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, sostuvo que a pesar de las nuevas disposiciones, la criminalización de los migrantes es palpable en la frontera sur.
"La criminalización de los migrantes es evidente por la militarización de la frontera sur, las detenciones y repatriaciones masivas; el incremento de presupuesto del Instituto Nacional de Migración para contener flujo migratorio, y el aumento de los recursos de la Iniciativa Mérida para militarizar la frontera, so pretexto de controlar la seguridad nacional y combatir el tráfico de drogas, armas, etcétera", apuntó.
Alertó sobre las irregularidades que se cometen en las repatriaciones de Estados Unidos a México, y las deportaciones desde el país hacia Centroamérica.
No obstante, advirtió que a pesar de los avances, persiste el maltrato y la extorsión hacia este sector, principalmente en la frontera sur del país.
"La aprobación unánime de diputados y senadores sobre la eliminación de cargos penales a indocumentados que ingresen a México, y la posibilidad de levantar sanciones en contra de las casas de auxilio a migrantes, que solidariamente ayudan a mejorar las condiciones dramáticas en las que se realiza la movilidad humana, es un gran avance humanitario sobre este fenómeno social.
"A pesar de este avance, la realidad migratoria es aún dolorosa y trágica en nuestro país", destacó en la editorial del semanario católico Desde la Fe.
La semana pasada, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron eliminar la pena de cárcel para los indocumentados detenidos en territorio nacional. La migración ilegal se sancionará ahora con una multa de 20 a 100 días de salario mínimo.
La Arquidiócesis de México refirió ayer que de acuerdo con datos de un informe elaborado por Cáritas Migrante, de la Conferencia del Episcopado Mexicano(CEM), durante 2007 se reportaron más de 200 violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como detenciones arbitrarias e irregulares en el 98 por ciento de los casos.
El órgano informativo, encabezado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, sostuvo que a pesar de las nuevas disposiciones, la criminalización de los migrantes es palpable en la frontera sur.
"La criminalización de los migrantes es evidente por la militarización de la frontera sur, las detenciones y repatriaciones masivas; el incremento de presupuesto del Instituto Nacional de Migración para contener flujo migratorio, y el aumento de los recursos de la Iniciativa Mérida para militarizar la frontera, so pretexto de controlar la seguridad nacional y combatir el tráfico de drogas, armas, etcétera", apuntó.
Alertó sobre las irregularidades que se cometen en las repatriaciones de Estados Unidos a México, y las deportaciones desde el país hacia Centroamérica.
Nota de Reforma, 5 de mayo.
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