El jurista Luis Javier Garrido pidió a los senadores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas del “gobierno de facto” de reforma petrolera, porque “trasgreden el principio de la supremacía constitucional y en su afán de privatizar el petróleo violan el principio del dominio directo, inalienable, imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo”.
Al participar en el cuarto foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar en el Senado, Lus Javier Garrido aseguró que las iniciativas violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros,.
Además, dijo, viola el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones y contratos a los particulares tratándose del petróleo, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.
Añadió que las iniciativas también violan el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción y como consecuencia de todo ello violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación, por lo que de ser aprobadas comprometerían seriamente la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y en consecuencia el porvenir de todos los mexicanos.
Al participar en el cuarto foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar en el Senado, Lus Javier Garrido aseguró que las iniciativas violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros,.
Además, dijo, viola el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones y contratos a los particulares tratándose del petróleo, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país.
Añadió que las iniciativas también violan el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción y como consecuencia de todo ello violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación, por lo que de ser aprobadas comprometerían seriamente la independencia, la seguridad y la soberanía de la nación y en consecuencia el porvenir de todos los mexicanos.
Nota de José Contreras, Crónica, 23 de mayo.
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