A partir del próximo año la agenda del respeto a derechos humanos será el eje de las acciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF) el cual revisa su prespuesto para adecuarlo al cumplimiento de esta meta, indicó Marcelo Ebrard, jefe del Ejecutivo local.
La fecha más probable para presentar el análisis y las propuestas a nivel federal y local es el 15 de septiembre próximo, indicó el jefe de Gobierno, al señalar que una de las prioridades es darle cuerpo a la infraestructura que soportará los juicios orales, “cuyo costo calculamos será de unos mil millones de pesos por año durante su puesta en marcha”.
Ebrard anunció que en adelante la agenda del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos será la que dicte la manera en que se asignen los recursos económicos en la capital del país.
El titular del gobierno capitalino señaló lo anterior antes de recibir el informe de labores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, quien en su momento advirtió que las políticas públicas en materia de seguridad “están dando muestras de agotamiento”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Ezar, anticipó que la aplicación de las reformas penales que darán vida a los juicios orales en la ciudad de México harán que por cada juzgado existente se tengan que crear entre cinco y 10 nuevos escenarios para llevar los procesos penales. “Esto singificará un esfuerzo sin precedentes para el gobierno del Distrito Federal”, consideró.
El magistrado Elías Azar adelantó que como presidente del TSJDF revisará la forma en que se aplican los juicios orales, como en Chihuahua.
“Lo que queremos es que la parte acusada esté en un plano de igualdad con la parte que acusa”, dijo el integrante del tribunal.
Emilio Álvarez insistió en que “es necesario consolidar una agenda de derechos humanos que atienda aquellos aspectos que exigen una respuesta puntual, de los tres poderes, entre los que se encuentran los siguientes: una política general en materia de seguridad pública en el marco de la profunda reforma al sistema de justicia, mecanismos que atiendan y aminoren la exclusión, la pobreza, la discriminación y la intolerancia, todo ello a través de mecanismos que combatan la impunidad con la que diversos actores públicos y poderes de facto se conducen en el espacio público”.
La fecha más probable para presentar el análisis y las propuestas a nivel federal y local es el 15 de septiembre próximo, indicó el jefe de Gobierno, al señalar que una de las prioridades es darle cuerpo a la infraestructura que soportará los juicios orales, “cuyo costo calculamos será de unos mil millones de pesos por año durante su puesta en marcha”.
Ebrard anunció que en adelante la agenda del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos será la que dicte la manera en que se asignen los recursos económicos en la capital del país.
El titular del gobierno capitalino señaló lo anterior antes de recibir el informe de labores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, quien en su momento advirtió que las políticas públicas en materia de seguridad “están dando muestras de agotamiento”.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Ezar, anticipó que la aplicación de las reformas penales que darán vida a los juicios orales en la ciudad de México harán que por cada juzgado existente se tengan que crear entre cinco y 10 nuevos escenarios para llevar los procesos penales. “Esto singificará un esfuerzo sin precedentes para el gobierno del Distrito Federal”, consideró.
El magistrado Elías Azar adelantó que como presidente del TSJDF revisará la forma en que se aplican los juicios orales, como en Chihuahua.
“Lo que queremos es que la parte acusada esté en un plano de igualdad con la parte que acusa”, dijo el integrante del tribunal.
Emilio Álvarez insistió en que “es necesario consolidar una agenda de derechos humanos que atienda aquellos aspectos que exigen una respuesta puntual, de los tres poderes, entre los que se encuentran los siguientes: una política general en materia de seguridad pública en el marco de la profunda reforma al sistema de justicia, mecanismos que atiendan y aminoren la exclusión, la pobreza, la discriminación y la intolerancia, todo ello a través de mecanismos que combatan la impunidad con la que diversos actores públicos y poderes de facto se conducen en el espacio público”.
Nota de Jorge Medellín, El Universal, 13 de mayo.
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