Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Felipe Calderón en la que solicita que aclare públicamente cuáles son las circunstancias que motivan la remoción del representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, porque la cancillería “no desmiente claramente que su gobierno haya interferido”.
El director ejecutivo de HRW, Kennet Roth, dijo que en caso de confirmarse los “informes creíbles” que indican que el gobierno mexicano solicitó el retiro del diplomático, “representaría un alarmante retroceso en la política exterior”.
En una carta enviada a Calderón, manifestó que “el compromiso del gobierno en esta materia se vería seriamente menoscabado si, frente a los comentarios públicos debidamente fundados del representante en México del máximo órgano de Naciones Unidas en derechos humanos, el gobierno asume una actitud de intolerancia”.
Roth señaló que esa intervención sería contradictoria con el propósito de cualquier acuerdo de cooperación internacional en materia de derechos humanos, pues el suscrito entre México y la Oficina de la Alta Comisionada establece que el objetivo es “fortalecer las capacidades nacionales vinculadas a la protección de esos derechos y promover la atención de los temas, situaciones y áreas prioritarias”.
El director ejecutivo de HRW, Kennet Roth, dijo que en caso de confirmarse los “informes creíbles” que indican que el gobierno mexicano solicitó el retiro del diplomático, “representaría un alarmante retroceso en la política exterior”.
En una carta enviada a Calderón, manifestó que “el compromiso del gobierno en esta materia se vería seriamente menoscabado si, frente a los comentarios públicos debidamente fundados del representante en México del máximo órgano de Naciones Unidas en derechos humanos, el gobierno asume una actitud de intolerancia”.
Roth señaló que esa intervención sería contradictoria con el propósito de cualquier acuerdo de cooperación internacional en materia de derechos humanos, pues el suscrito entre México y la Oficina de la Alta Comisionada establece que el objetivo es “fortalecer las capacidades nacionales vinculadas a la protección de esos derechos y promover la atención de los temas, situaciones y áreas prioritarias”.
Nota de Liliana Alcántara, El Universal, 8 de mayo.
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