El mapa de los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y armadas del país en contra de los cárteles de la droga demuestra que las fuerzas federales se han concentrado en poner un “tapón” en los corredores de trasiego de droga en la frontera norte, por el que estados como Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas ya tienen una alta cuota de violencia.
Se destaca el esfuerzo por sellar las “joyas de la corona” que son para los narcos Tamaulipas —cruce natural de armas— y la parte norte de Sonora, corredor ideal para la recepción, transporte, almacenamiento y distribución de drogas, pues comparte 588 kilómetros de frontera con Estados Unidos y colinda con el llamado Triángulo Dorado.
Esto confirma que el conflicto ha entrado en una cruenta fase que plantea al gobierno federal urgentes retos; el más importante: no ceder un ápice de gobernabilidad al crimen, que se está perdiendo en esa parte del país.
Desde una lógica de Estado, así como no puede permitir que un grupo armado de naturaleza política llegue a controlar zonas de territorio “liberado”, tampoco puede permitir el resquebrajamiento de la gobernabilidad en el noroeste del país por culpa del crimen organizado que, a diferencia de los guerrilleros, sí ha podido desbaratar el tejido social y vulnerar el estado de derecho. El problema es de seguridad nacional.
No será fácil debilitar a cárteles que obtienen, entre todos, ganancias anuales por 40 billones de dólares, que les permiten financiar desahogadamente la guerra contra el gobierno y sus rivales.
Las recientes ejecuciones de los agentes Roberto Velasco, Esteban Robles y sobre todo la de Édgar Millán, responsable de los operativos, exige que el gobierno envíe el mensaje de que es capaz de proteger a sus más altos generales y de que sus cuerpos militares y policiales no están infiltrados.
En lo más álgido de este cruce de fuego el Congreso de EU aprobó, el jueves pasado, la Iniciativa Mérida, con 100 millones de dólares menos de los 500 millones ofrecidos originalmente, que servirán para que durante los próximos tres años podamos adquirir equipo capaz de competir con el sofisticado que ya usa el narcotrafico.
Aun así, el gobierno mexicano tendría que plantear en las próximas semanas ajustes en esta lucha, porque el enfrentamiento sólo se está dando en uno solo de los eslabones del ciclo económico del narco: el trasiego, sin que la producción o el consumo sean abordados con la misma fuerza.
Es decir, la estrategia de guerra está coja y comienza por desnivelarse desde EU, que nos ofrece equipo y armamento, pero ni un solo compromiso para reducir la demanda.
Podríamos nada más estar cerrando algunos corredores, a un altísimo costo en vidas, pero sin atacar el problema de fondo.
Se destaca el esfuerzo por sellar las “joyas de la corona” que son para los narcos Tamaulipas —cruce natural de armas— y la parte norte de Sonora, corredor ideal para la recepción, transporte, almacenamiento y distribución de drogas, pues comparte 588 kilómetros de frontera con Estados Unidos y colinda con el llamado Triángulo Dorado.
Esto confirma que el conflicto ha entrado en una cruenta fase que plantea al gobierno federal urgentes retos; el más importante: no ceder un ápice de gobernabilidad al crimen, que se está perdiendo en esa parte del país.
Desde una lógica de Estado, así como no puede permitir que un grupo armado de naturaleza política llegue a controlar zonas de territorio “liberado”, tampoco puede permitir el resquebrajamiento de la gobernabilidad en el noroeste del país por culpa del crimen organizado que, a diferencia de los guerrilleros, sí ha podido desbaratar el tejido social y vulnerar el estado de derecho. El problema es de seguridad nacional.
No será fácil debilitar a cárteles que obtienen, entre todos, ganancias anuales por 40 billones de dólares, que les permiten financiar desahogadamente la guerra contra el gobierno y sus rivales.
Las recientes ejecuciones de los agentes Roberto Velasco, Esteban Robles y sobre todo la de Édgar Millán, responsable de los operativos, exige que el gobierno envíe el mensaje de que es capaz de proteger a sus más altos generales y de que sus cuerpos militares y policiales no están infiltrados.
En lo más álgido de este cruce de fuego el Congreso de EU aprobó, el jueves pasado, la Iniciativa Mérida, con 100 millones de dólares menos de los 500 millones ofrecidos originalmente, que servirán para que durante los próximos tres años podamos adquirir equipo capaz de competir con el sofisticado que ya usa el narcotrafico.
Aun así, el gobierno mexicano tendría que plantear en las próximas semanas ajustes en esta lucha, porque el enfrentamiento sólo se está dando en uno solo de los eslabones del ciclo económico del narco: el trasiego, sin que la producción o el consumo sean abordados con la misma fuerza.
Es decir, la estrategia de guerra está coja y comienza por desnivelarse desde EU, que nos ofrece equipo y armamento, pero ni un solo compromiso para reducir la demanda.
Podríamos nada más estar cerrando algunos corredores, a un altísimo costo en vidas, pero sin atacar el problema de fondo.
Nota de Alejandro Jiménez, El Universal, 21 de mayo.
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