Acusan a Marisela Morales de corromper la Operación Limpieza en la SIEDO

La renovación del personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), como parte de la llamada Operación Limpieza, ya provocó críticas, inconformidades y acusaciones entre funcionarios de esa fiscalía antidrogas, ante supuestas irregularidades administrativas en las que están incurriendo mandos de la subprocuraduría.

Además, ayer trascendió que el proceso de depuración de personal de la SIEDO incluyó la separación de su cargo de entre 25 y 30 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos a esa instancia de la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, Crescencio Pérez Jiménez, un ex fiscal y ex agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, envió hace dos días un escrito a Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que denuncia diversas anomalías, como el supuesto intento de coacción a personal ministerial.

Según dicho del quejoso, Irving Barrios Mojica, coordinador general D de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la fiscalía antinarcóticos –con el apoyo de la actual titular de la SIEDO, Marisela Morales– está “removiendo” y “amedrentando” a servidores públicos que trabajan desde hace varios meses en esa subprocuraduría, en clara violación a la legislación laboral.

En ese contexto, fuentes oficiales informaron que un grupo de elementos de la AFI fueron separados de sus cargos por orden de Marisela Morales, con el argumento de que no aprobaron los exámenes de control de confianza.

Los agentes federales fueron notificados ayer de la determinación de la funcionaria. El lugar que dejan vacantes los agentes será ocupado por policías del área antinarcóticos de la Policía Federal Preventiva.

Respecto del tema de la carta que el pasado miércoles envió Crescencio Pérez al titular de la PGR y al ombusdman nacional, José Luis Soberanes, el quejoso asegura en la misma que sus superiores lo han amenazado con mandarlo a prisión si no abandona su puesto de trabajo.

“Hay dolo, ilegalidad, mala fe y la argucia engañosa con la que pretenden imputarme delitos que fueron creados por el licenciado Irving Barrios, quien es la persona que les ofrece dinero a los indiciados y testigos protegidos o colaboradores cuando quieren afectar a personas que no son de su agrado”, puntualizó el denunciante.

Según consta en la denuncia del agente ministerial, en poder de La Jornada, hasta octubre pasado era fiscal especial en la SIEDO, pero en el contexto de la Operación Limpieza, primero lo bajaron a la categoría del ministerio público, y ahora lo transfirieron al área de robo de autos, “sin que para ello hubiera un justificación legal fundada y motivada”.

Fuentes de la PGR consultadas ayer revelaron que ya son varios los casos de quejas presentadas por agentes del Ministerio Público Federal que luego de haber sido removidos de la fiscalía antidrogas quedaron inconformes con la determinación y por ello han solicitado amparos de la justicia federal para buscar su reinstalación.

“El 31 de octubre de 2008 me refirieron que por instrucciones de la maestra Marisela Morales Ibáñez, quien es titular de la SIEDO, área donde yo me desempeñaba como fiscal especial, y en donde a la fecha han estado coaccionado a diverso personal ministerial, tenía que presentar mi renuncia a dicho cargo; por tal motivo solicité mi reincorporación como Ministerio Público adscrito a SIEDO.

“La respuesta fue mandarme a la Coordinación de Robo de Vehículos, donde me dijeron que iba a estar provisionalmente, toda vez que en el mes de enero solicitarían mi cambio de adscripción por medio del Consejo de Profesionalización de la Dependencia”, indica el escrito.

Alfredo Méndez, La jornada, 19 de diciembre.