La Cámara de Diputados aprobó ayer una minuta del Senado para crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil del País, con el fin de inhibir que se usen los teléfonos celulares para cometer actos delictivos como secuestro y extorsión.
Con 321 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados avalaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con las que se obliga a los usuarios de los equipos telefónicos con chips inteligentes a presentar documentos oficiales que permitan su identificación, como la credencial de elector y CURP, así como acreditar la constancia de domicilio.
El dictamen establece que al crear este registro por parte de las empresas, se podrá saber el nombre del propietario del teléfono y su dirección cuando desde ese aparato se realicen las llamadas involucradas en actos criminales.
"Con esto se inhibirá el uso indiscriminado de la telefonía móvil que se utiliza en la comisión de delitos como la extorsión, el secuestro tanto de manera fehaciente como de manera virtual", se argumenta en las consideraciones del dictamen.
El registro se construirá con los datos de los nuevos compradores de teléfonos celulares, a partir de que entre en vigor la Ley.
El proyecto también contempla el plazo de un año, a partir de que la ley sea publicada en el Diario Oficial, para que los que ya cuenten con un teléfono celular acudan a registrarse. Esta disposición fue un cambio que hicieron los diputados a la minuta que envió el Senado, por lo que la reforma tendrá que regresar a la Cámara alta para su ratificación.
Además se obliga la toma de impresión de la huella dactilar, a lo que los diputados añadieron se deberá recurrir a la tinta o a un sistema electrónico para dicho registro.
La reforma precisa que las empresas de telefonía celular estarán obligadas a entregar los datos conservados a la Procuraduría General de la República o a las procuradurías de Justicia en las entidades federativas cuando éstas realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenaza, secuestro o algún otro delito grave relacionado con la delincuencia organizada.
Por otra parte, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ayer el dictamen para reformar el artículo 73 constitucional a fin de que el Congreso pueda legislar en materia de secuestro.
Con 321 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados avalaron las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con las que se obliga a los usuarios de los equipos telefónicos con chips inteligentes a presentar documentos oficiales que permitan su identificación, como la credencial de elector y CURP, así como acreditar la constancia de domicilio.
El dictamen establece que al crear este registro por parte de las empresas, se podrá saber el nombre del propietario del teléfono y su dirección cuando desde ese aparato se realicen las llamadas involucradas en actos criminales.
"Con esto se inhibirá el uso indiscriminado de la telefonía móvil que se utiliza en la comisión de delitos como la extorsión, el secuestro tanto de manera fehaciente como de manera virtual", se argumenta en las consideraciones del dictamen.
El registro se construirá con los datos de los nuevos compradores de teléfonos celulares, a partir de que entre en vigor la Ley.
El proyecto también contempla el plazo de un año, a partir de que la ley sea publicada en el Diario Oficial, para que los que ya cuenten con un teléfono celular acudan a registrarse. Esta disposición fue un cambio que hicieron los diputados a la minuta que envió el Senado, por lo que la reforma tendrá que regresar a la Cámara alta para su ratificación.
Además se obliga la toma de impresión de la huella dactilar, a lo que los diputados añadieron se deberá recurrir a la tinta o a un sistema electrónico para dicho registro.
La reforma precisa que las empresas de telefonía celular estarán obligadas a entregar los datos conservados a la Procuraduría General de la República o a las procuradurías de Justicia en las entidades federativas cuando éstas realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenaza, secuestro o algún otro delito grave relacionado con la delincuencia organizada.
Por otra parte, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó ayer el dictamen para reformar el artículo 73 constitucional a fin de que el Congreso pueda legislar en materia de secuestro.
Armando Estrop y Claudia Salazar, Reforma, 5 de diciembre.
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