El Senado aprobó ayer un paquete de reformas en materia penal y de delincuencia organizada y, entre otros cambios, autorizaron la operación de agentes encubiertos contra el crimen organizado.
Luego de tres meses de debates, acusaciones, comparecencias y enfrentamientos, los legisladores federales alcanzaron un acuerdo para modificar un paquete de 10 leyes, denominado "miscelánea penal".
El dictamen final fue producto de una fusión de las iniciativas enviadas por el Presidente Felipe Calderón desde septiembre de este año y las presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
Tras una última discusión, en la que incluso fueron sacados de las instalaciones del Senado los representantes de la SSP, PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia, la oposición se impuso al PAN para evitar que la reforma entregara suprafacultades a la policía.
Ayer por la noche, en una sesión inusual, el pleno del Senado aprobó con 76 votos a favor, tres en contra de Convergencia y una abstención, las reformas secundarias del nuevo sistema penal acusatorio.
Entre los principales cambios se encuentra la creación de agentes o policías, encubiertos o infiltrados, que trabajarán sin nombre y asignados sólo bajo una clave de operación.
La reforma otorga mayores facultades de investigación a la policía, pero sólo para la prevención del delito y siempre bajo la conducción de los agentes del Ministerio Público.
Por ello, los elementos no podrán recibir declaraciones de los indiciados o detener a alguna persona fuera de los casos de flagrancia, sin que medie la instrucción escrita del Ministerio Público, un juez o un tribunal.
Con las reformas, se faculta a particulares para realizar detenciones de criminales en flagrancia.
"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de cometer el delito", describe el nuevo artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En materia de intervenciones telefónicas, podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez.
Además, las grabaciones entre particulares servirán como elemento probatorio, cuando sean aportadas por una de las partes involucradas.
Por otro lado, se establece que a los indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, se les impondrán medidas cautelares para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia, tales como la vigilancia o dispositivos electrónicos.
Los cambios también incluyen la disposición para ejecutar arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más; así como la realización de cateos, sólo bajo orden judicial, que deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Adicionalmente, la reforma contempla un incremento de penas en contra de los agentes, elementos o funcionarios que alteren evidencias, obstruyan la aplicación de la justicia, o retengan a personas más allá del tiempo establecido por ley.
La reforma fue enviada anoche a la Cámara de Diputados, de donde los senadores recibieron ya las minutas de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la reforma al artículo 73 de la Constitución, para la federalización del secuestro.
De última hora, la bancada del PAN cedió a las demandas del PRI y PRD para eliminar la reforma al artículo 80 de la Ley de Amparo y la fracción tercera del artículo 76 de al Ley de la Policía Federal Preventiva.
Ambas disposiciones están relacionadas con el despido, la reincorporación y las indemnizaciones que deberán pagarse a los "malos policías" que sean dados de baja de las corporaciones.
Delitos graves
Con la reforma aprobada por el Senado, ahora se considerará delincuencia organizada, cuando se cometan los delitos:
· Corrupción de personas menores de 18 años o discapacitados.
· Pornografía infantil.
· Turismo sexual.
· Tráfico de menores.
· Lenocinio de menores.
· Asalto a personas y poblaciones con uso de violencia.
· Secuestro, incluido el express.
· Robo de vehículos, para su desmantelación o comercialización conjunta o separada de sus partes.
Luego de tres meses de debates, acusaciones, comparecencias y enfrentamientos, los legisladores federales alcanzaron un acuerdo para modificar un paquete de 10 leyes, denominado "miscelánea penal".
El dictamen final fue producto de una fusión de las iniciativas enviadas por el Presidente Felipe Calderón desde septiembre de este año y las presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
Tras una última discusión, en la que incluso fueron sacados de las instalaciones del Senado los representantes de la SSP, PGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia, la oposición se impuso al PAN para evitar que la reforma entregara suprafacultades a la policía.
Ayer por la noche, en una sesión inusual, el pleno del Senado aprobó con 76 votos a favor, tres en contra de Convergencia y una abstención, las reformas secundarias del nuevo sistema penal acusatorio.
Entre los principales cambios se encuentra la creación de agentes o policías, encubiertos o infiltrados, que trabajarán sin nombre y asignados sólo bajo una clave de operación.
La reforma otorga mayores facultades de investigación a la policía, pero sólo para la prevención del delito y siempre bajo la conducción de los agentes del Ministerio Público.
Por ello, los elementos no podrán recibir declaraciones de los indiciados o detener a alguna persona fuera de los casos de flagrancia, sin que medie la instrucción escrita del Ministerio Público, un juez o un tribunal.
Con las reformas, se faculta a particulares para realizar detenciones de criminales en flagrancia.
"Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de cometer el delito", describe el nuevo artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En materia de intervenciones telefónicas, podrán formar parte de una indagatoria, siempre y cuando se realicen previa autorización de un juez.
Además, las grabaciones entre particulares servirán como elemento probatorio, cuando sean aportadas por una de las partes involucradas.
Por otro lado, se establece que a los indiciados bajo proceso que se encuentren en libertad, se les impondrán medidas cautelares para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia, tales como la vigilancia o dispositivos electrónicos.
Los cambios también incluyen la disposición para ejecutar arraigos por 40 días, con una prórroga de 40 días más; así como la realización de cateos, sólo bajo orden judicial, que deberá ser otorgada en un plazo máximo de 24 horas.
Adicionalmente, la reforma contempla un incremento de penas en contra de los agentes, elementos o funcionarios que alteren evidencias, obstruyan la aplicación de la justicia, o retengan a personas más allá del tiempo establecido por ley.
La reforma fue enviada anoche a la Cámara de Diputados, de donde los senadores recibieron ya las minutas de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la reforma al artículo 73 de la Constitución, para la federalización del secuestro.
De última hora, la bancada del PAN cedió a las demandas del PRI y PRD para eliminar la reforma al artículo 80 de la Ley de Amparo y la fracción tercera del artículo 76 de al Ley de la Policía Federal Preventiva.
Ambas disposiciones están relacionadas con el despido, la reincorporación y las indemnizaciones que deberán pagarse a los "malos policías" que sean dados de baja de las corporaciones.
Delitos graves
Con la reforma aprobada por el Senado, ahora se considerará delincuencia organizada, cuando se cometan los delitos:
· Corrupción de personas menores de 18 años o discapacitados.
· Pornografía infantil.
· Turismo sexual.
· Tráfico de menores.
· Lenocinio de menores.
· Asalto a personas y poblaciones con uso de violencia.
· Secuestro, incluido el express.
· Robo de vehículos, para su desmantelación o comercialización conjunta o separada de sus partes.
Claudia Guerrero y Carole Simmonet, Reforma, 5 de diciembre.
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