Dichas leyes dotarán al país de policías más científicos y con capacidades de investigación, pero sólo para prevenir el delito y no para esclarecerlo, además de que se autoriza la infiltración de policías cuya identidad se mantendrá bajo reserva al igual que aquellos que participen en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos.
A éstos se les asignará una clave numérica que sólo será del conocimiento del procurador General de la República.
También el Ministerio Público podrá solicitar ahora la práctica de un cateo cuando lo estime necesario, expresando su objeto y necesidad.
Además podrá solicitar al juez el arraigo del indiciado hasta por 40 días, tratándose de delitos graves, “siempre que la medida sea necesaria para el éxito de la investigación”. La medida cautelar podrá prorrogarse por otro plazo igual.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Tomás Torres, y el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, reconocieron que no es una reforma acabada y sólo se trata de algo transitorio hasta que se ponga en marcha en el sistema acusatorio que se sustenta en los juicios orales.
“Con esto se desecha la implementación de un Estado policiaco”, indicó el panista
Luego de varios meses de discusión, la oposición logró eliminar de los proyectos diversas propuestas enviadas por el presidente Felipe Calderón, con las que se pretendía entregar mayores facultades a los policías y se eliminaron las averiguaciones previas secretas que contemplaba encarcelar al abogado en caso de que hiciera pública información del expediente que desde el punto de vista de la procuraduría fuera reservada.
A cambio, se aprobó la posibilidad de que cualquier persona podrá detener al indiciado en el momento en que está cometiendo el delito (flagrancia), cuando sea perseguido material e inmediatamente después de cometer el delito; cuando la persona sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ellas en la comisión del delito.
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