SALTILLO, Coah.— Aunque la sesión del Congreso local entró en un breve receso por la toma de tribuna que avanzada la noche protagonizaron diputados del PAN, la mayoría legislativa del PRI aprobó el dictamen para promover ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional que aplique pena capital a secuestradores que maten a sus víctimas.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales contó con el aval de 22 diputados —20 del PRI, uno del PVEM y otro del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC)— y 10 en contra (ocho del PAN y dos del PRD). El panista Jesús Manuel Pérez fue el único en abstenerse para votar.
Minutos antes de que iniciara la lectura del dictamen, Virgilio Maltos Long, del PT, se retiró al argumentar que la iniciativa estaba incompleta y que requería el respaldo ciudadano; el diputado independiente Alfredo Garza Castillo no asistió a la sesión.
La bancada de Acción Nacional se opuso “porque estamos a favor de la vida”, afirmó Luis Gurza Jaidar. Sostuvo que no es competencia del Ejecutivo estatal presentar iniciativas para reformar la Constitución federal.
“La orden del CEN del PAN es votar en contra”, comentaron algunos. A las 21:30 horas, los panistas tomaron la tribuna, por lo que se declaró un receso.
El líder de la bancada priísta, Horacio del Bosque Dávila, pidió a los albiazules ponerse en el lugar de los padres que reciben en “trocitos” o “cercenado”, después de haber sido violado, el cuerpo de algún hijo.
Antes, el perredista Lorenzo Dávila expuso que con estas medidas no se terminará la inseguridad, pues es multifactorial.
Refugio Sandoval, del PVEM, destacó que existe una iniciativa similar en el Congreso de la Unión que presentó su partido, la cual es más amplia.
La iniciativa, enviada al Poder Legislativo por el gobernador Humberto Moreira Valdés, propone modificar el párrafo segundo del artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política.
Esto a efecto de restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas. En la exposición de motivos, se destaca que los esfuerzos por frenar a la delincuencia han sido insuficientes: “El problema de fondo no es el temor del delincuente ante la autoridad, sino la ineficiencia en el país”.
El dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales contó con el aval de 22 diputados —20 del PRI, uno del PVEM y otro del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC)— y 10 en contra (ocho del PAN y dos del PRD). El panista Jesús Manuel Pérez fue el único en abstenerse para votar.
Minutos antes de que iniciara la lectura del dictamen, Virgilio Maltos Long, del PT, se retiró al argumentar que la iniciativa estaba incompleta y que requería el respaldo ciudadano; el diputado independiente Alfredo Garza Castillo no asistió a la sesión.
La bancada de Acción Nacional se opuso “porque estamos a favor de la vida”, afirmó Luis Gurza Jaidar. Sostuvo que no es competencia del Ejecutivo estatal presentar iniciativas para reformar la Constitución federal.
“La orden del CEN del PAN es votar en contra”, comentaron algunos. A las 21:30 horas, los panistas tomaron la tribuna, por lo que se declaró un receso.
El líder de la bancada priísta, Horacio del Bosque Dávila, pidió a los albiazules ponerse en el lugar de los padres que reciben en “trocitos” o “cercenado”, después de haber sido violado, el cuerpo de algún hijo.
Antes, el perredista Lorenzo Dávila expuso que con estas medidas no se terminará la inseguridad, pues es multifactorial.
Refugio Sandoval, del PVEM, destacó que existe una iniciativa similar en el Congreso de la Unión que presentó su partido, la cual es más amplia.
La iniciativa, enviada al Poder Legislativo por el gobernador Humberto Moreira Valdés, propone modificar el párrafo segundo del artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política.
Esto a efecto de restablecer como garantía de seguridad jurídica el derecho a la vida y decretar la pena de muerte a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas. En la exposición de motivos, se destaca que los esfuerzos por frenar a la delincuencia han sido insuficientes: “El problema de fondo no es el temor del delincuente ante la autoridad, sino la ineficiencia en el país”.
Hilda Fernández corresponsal, El Universal, 3 de diciembre.
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