La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que obliga a estados y municipios a asumir junto con el Ejecutivo la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia.
En la exposición de motivos, el documento señala que la seguridad pública ha quedado definida como una función de Estado “y que deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la Federación, entidades federativas y municipios.”
Explica que en el tema de la seguridad pública, “las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública”
Aún más: indica que esta coordinación entre los órdenes de gobierno se llevará a cabo “con el respeto a su ámbito de funciones y operatividad; ni subordinación ni suprasubordinación, soberanos en sí, unidos en un proyecto nacional: el combate a la delincuencia”.
La Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública fue aprobada ayer, con 335 votos a favor 39 en contra y 3 abstenciones.
De última hora, a petición del PRI, se excluyó al Congreso de la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Además se reincorporó al Centro Nacional de Información la responsabilidad de resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública estará integrado por cuatro Conferencias Nacionales: de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como por un Secretariado Ejecutivo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará presidido por el titular del Ejecutivo y formarán parte de dicho organismo los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y de Seguridad Pública, así como el Procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo.
El Secretariado Ejecutivo, que será el órgano operativo del sistema, contará con los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y de Certificación y Acreditación de las policías del país.
En este espíritu de cooperación, la nueva legislación señala responsabilidades para los estados y municipios, que deberán garantizar que quienes ingresen a las instituciones de procuración de justicia sean sometidos previamente a un proceso de certificación.
También se consideran sanciones de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 600 días de multa a quien de manera dolosa, ilícita o reiteradamente se abstenga de proporcionar la información que le sea requerida por el Secretariado Ejecutivo.
Además se prevén destituciones e inhabilitaciones en plazos iguales a las penas impuestas.
Como parte de esta responsabilidad compartida en el combate a la delincuencia, en el caso de los recursos económicos que se entregan a los estados como parte de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, éstos se suspenderán o cancelarán si no se cumple con las obligaciones de entrega de información o se violan las reglas de accesos y aprovechamiento de la información de las bases de datos.
También serán sancionados los estados que no cumplan con los procedimientos para la certificación de los integrantes de instituciones de seguridad pública, así como quienes se abstengan de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia o que apliquen normas, criterios o procedimientos distintos a los que señala esta nueva ley.
- Claves
Divergencias
• La bancada del PRD consideró que ese partido fue el que más puntos de su agenda logró incluir para la elaboración de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• El partido Nueva Alianza manifestó su inconformidad respecto a que el Ejército y la Marina formen parte del Consejo Nacional, ya que las labores de seguridad pública no son una atribución de las fuerzas armadas.
• EL PRI consideró que uno de los puntos más importantes en la nueva legislación es la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y que su permanencia dependa también de que mantengan su confiabilidad al interior de las instituciones.
En la exposición de motivos, el documento señala que la seguridad pública ha quedado definida como una función de Estado “y que deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la Federación, entidades federativas y municipios.”
Explica que en el tema de la seguridad pública, “las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública”
Aún más: indica que esta coordinación entre los órdenes de gobierno se llevará a cabo “con el respeto a su ámbito de funciones y operatividad; ni subordinación ni suprasubordinación, soberanos en sí, unidos en un proyecto nacional: el combate a la delincuencia”.
La Ley General del Sistema Nacional de seguridad Pública fue aprobada ayer, con 335 votos a favor 39 en contra y 3 abstenciones.
De última hora, a petición del PRI, se excluyó al Congreso de la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Además se reincorporó al Centro Nacional de Información la responsabilidad de resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del sistema.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública estará integrado por cuatro Conferencias Nacionales: de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como por un Secretariado Ejecutivo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará presidido por el titular del Ejecutivo y formarán parte de dicho organismo los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina y de Seguridad Pública, así como el Procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo.
El Secretariado Ejecutivo, que será el órgano operativo del sistema, contará con los centros nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y de Certificación y Acreditación de las policías del país.
En este espíritu de cooperación, la nueva legislación señala responsabilidades para los estados y municipios, que deberán garantizar que quienes ingresen a las instituciones de procuración de justicia sean sometidos previamente a un proceso de certificación.
También se consideran sanciones de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 600 días de multa a quien de manera dolosa, ilícita o reiteradamente se abstenga de proporcionar la información que le sea requerida por el Secretariado Ejecutivo.
Además se prevén destituciones e inhabilitaciones en plazos iguales a las penas impuestas.
Como parte de esta responsabilidad compartida en el combate a la delincuencia, en el caso de los recursos económicos que se entregan a los estados como parte de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, éstos se suspenderán o cancelarán si no se cumple con las obligaciones de entrega de información o se violan las reglas de accesos y aprovechamiento de la información de las bases de datos.
También serán sancionados los estados que no cumplan con los procedimientos para la certificación de los integrantes de instituciones de seguridad pública, así como quienes se abstengan de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia o que apliquen normas, criterios o procedimientos distintos a los que señala esta nueva ley.
- Claves
Divergencias
• La bancada del PRD consideró que ese partido fue el que más puntos de su agenda logró incluir para la elaboración de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• El partido Nueva Alianza manifestó su inconformidad respecto a que el Ejército y la Marina formen parte del Consejo Nacional, ya que las labores de seguridad pública no son una atribución de las fuerzas armadas.
• EL PRI consideró que uno de los puntos más importantes en la nueva legislación es la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y que su permanencia dependa también de que mantengan su confiabilidad al interior de las instituciones.
Daniel Venegas y Fernando Damián, Milenio, 5 de diciembre.
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