La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen para dotar al Congreso de facultades para legislar en materia de secuestro y crimen organizado.
El presidente de la Comisión, el perredista Raymundo Cárdenas, señaló que es necesario llevar a cabo este tipo de modificaciones a la legislación, ya que, aprovechando un marco jurídico inexacto, la delincuencia se ha podido desenvolver en la impunidad.
El dictamen aprobado ayer contempla reformas a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de delincuencia organizada y secuestro.
Además se acordó agregar a la exposición de motivos la advertencia de que con estas modificaciones “no se pretende criminalizar la protesta social”, además de mantener sin afectaciones la autonomía de los estados.
Cárdenas dijo que estas modificaciones no deben ser utilizadas “como instrumento persecutor de opositores políticos; por ello, se debe acotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal”.
El priista Raúl Cervantes dijo que no se deben comparar las prácticas de secuestro o de crimen organizado en general, con protestas sociales.
Por ello, dijo, es urgente blindar, a través de un adendum, este tipo de prácticas, “para evitar persecuciones políticas”.
El presidente de la Comisión, el perredista Raymundo Cárdenas, señaló que es necesario llevar a cabo este tipo de modificaciones a la legislación, ya que, aprovechando un marco jurídico inexacto, la delincuencia se ha podido desenvolver en la impunidad.
El dictamen aprobado ayer contempla reformas a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de delincuencia organizada y secuestro.
Además se acordó agregar a la exposición de motivos la advertencia de que con estas modificaciones “no se pretende criminalizar la protesta social”, además de mantener sin afectaciones la autonomía de los estados.
Cárdenas dijo que estas modificaciones no deben ser utilizadas “como instrumento persecutor de opositores políticos; por ello, se debe acotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal”.
El priista Raúl Cervantes dijo que no se deben comparar las prácticas de secuestro o de crimen organizado en general, con protestas sociales.
Por ello, dijo, es urgente blindar, a través de un adendum, este tipo de prácticas, “para evitar persecuciones políticas”.
Daniel Venegas y Fernando Damián, Milenio, 5 de diciembre.
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