La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación al gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, por el caso de la desaparición el 10 de mayo de 2007 de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo, respectivamente, de TV Azteca noroeste.
El organismo advirtió que hubo conductas y omisiones violatorias a los derechos fundamentales en la investigación por parte de servidores públicos adscritos a la PGJ de la entidad.
Según la CNDH, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, son responsables de omisión, dilación y negligencia en la integración e investigación de la averiguación previa correspondiente.
En esa fecha los periodistas cubrían una orden de trabajo en la zona metropolitana de Monterrey. Desde entonces se desconoce su paradero. Los días 12, 13 y 14 de mayo de ese año sus familiares comparecieron ante la PGJ estatal para presentar formal denuncia por la desaparición. De inmediato la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos Contra la Vida y la Integridad Física número uno inició la averiguación previa 35/2007-I-1.
Sin embargo, la dilación se evidencia con el oficio 497/2008, de fecha 13 de junio de 2008, en que ese agente del Ministerio Público refiere que hasta el mes de mayo del año en curso se solicitó la colaboración de sus homólogos de los 31 estados de la República y el Distrito Federal.
Esto implica que entre el 8 de junio de 2007, fecha de la última acción, y el 29 de mayo de 2008 transcurrieron 11 meses y 16 días en los cuales se omitió actuar, apuntó la CNDH.
El organismo advirtió que hubo conductas y omisiones violatorias a los derechos fundamentales en la investigación por parte de servidores públicos adscritos a la PGJ de la entidad.
Según la CNDH, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, son responsables de omisión, dilación y negligencia en la integración e investigación de la averiguación previa correspondiente.
En esa fecha los periodistas cubrían una orden de trabajo en la zona metropolitana de Monterrey. Desde entonces se desconoce su paradero. Los días 12, 13 y 14 de mayo de ese año sus familiares comparecieron ante la PGJ estatal para presentar formal denuncia por la desaparición. De inmediato la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Cometidos Contra la Vida y la Integridad Física número uno inició la averiguación previa 35/2007-I-1.
Sin embargo, la dilación se evidencia con el oficio 497/2008, de fecha 13 de junio de 2008, en que ese agente del Ministerio Público refiere que hasta el mes de mayo del año en curso se solicitó la colaboración de sus homólogos de los 31 estados de la República y el Distrito Federal.
Esto implica que entre el 8 de junio de 2007, fecha de la última acción, y el 29 de mayo de 2008 transcurrieron 11 meses y 16 días en los cuales se omitió actuar, apuntó la CNDH.
Olivier Pavón, Crónica, 8 de diciembre.
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