Los abusos de autoridad cometidos durante el combate al crimen organizado, la inseguridad pública y las deplorables condiciones de los reclusorios son “problemas muy serios” que ponen en evidencia que, a pesar del discurso político a favor de los derechos humanos, hay claros retrocesos, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
En cuanto al derecho que tienen los ciudadanos a la seguridad pública, el ombudsman nacional consideró que sólo se podrá garantizar con medidas más ambiciosas que realmente se pongan en práctica. “No se puede curar un cáncer con té”, acotó.
Señaló que no son claras las señales del gobierno de retirar al Ejército de las calles ni profesionalizar a un cuerpo policiaco capaz de enfrentar al hampa.
“No vemos señales (de profesionalizar a la policía) y este es un problema complejo porque el crimen organizado ha crecido; la presencia del Ejército ya está y no lo podemos retirar de la noche a la mañana. Lo que tendríamos que hacer es afinar instrumentos legales para exigirle al Ejército que respete los derechos humanos porque pareciera que es parte del problema por las violaciones que han cometido”, dijo a EL UNIVERSAL a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Indicó que la firma de la Declaración Universal hace 60 años fue un paso importante porque a partir de ese momento se internacionalizó la lucha por su defensa y promoción y han surgido una serie de pactos y tratados que varios países —entre ellos México— se han comprometido a cumplir.
El problema, dijo, es que ningún político niega la importancia de los derechos humanos pero “a la hora de la verdad, de llevarlos a la práctica, ya no funciona... ahí es donde falla”.
Indicó que el derecho a la seguridad pública tiene dos vertientes que complican el panorama, pues el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizarlo y, por otro lado, ese cumplimiento tiene que ser apegado a los derechos humanos “y vemos que no se están respetando esas garantías”.
En cuanto al derecho que tienen los ciudadanos a la seguridad pública, el ombudsman nacional consideró que sólo se podrá garantizar con medidas más ambiciosas que realmente se pongan en práctica. “No se puede curar un cáncer con té”, acotó.
Señaló que no son claras las señales del gobierno de retirar al Ejército de las calles ni profesionalizar a un cuerpo policiaco capaz de enfrentar al hampa.
“No vemos señales (de profesionalizar a la policía) y este es un problema complejo porque el crimen organizado ha crecido; la presencia del Ejército ya está y no lo podemos retirar de la noche a la mañana. Lo que tendríamos que hacer es afinar instrumentos legales para exigirle al Ejército que respete los derechos humanos porque pareciera que es parte del problema por las violaciones que han cometido”, dijo a EL UNIVERSAL a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Indicó que la firma de la Declaración Universal hace 60 años fue un paso importante porque a partir de ese momento se internacionalizó la lucha por su defensa y promoción y han surgido una serie de pactos y tratados que varios países —entre ellos México— se han comprometido a cumplir.
El problema, dijo, es que ningún político niega la importancia de los derechos humanos pero “a la hora de la verdad, de llevarlos a la práctica, ya no funciona... ahí es donde falla”.
Indicó que el derecho a la seguridad pública tiene dos vertientes que complican el panorama, pues el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizarlo y, por otro lado, ese cumplimiento tiene que ser apegado a los derechos humanos “y vemos que no se están respetando esas garantías”.
Liliana Alcántara, Milenio, 8 de diciembre.
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