Por unanimidad, la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la cual le quita facultades a la SSP y establece las nuevas reglas de coordinación y distribución de competencias entre el Ejecutivo federal, el Distrito Federal, los estados y los municipios en la lucha contra la delincuencia.
El dictamen avalado por PAN, PRD, PRI y PVEM señala que la seguridad pública es una función concurrente de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad y derechos de las personas y la prevención, investigación y persecución de los delitos.
El dictamen será presentado hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, con la dispensa de trámites.
Luego de dos semanas de negociaciones, se establece que el Sistema Nacional estará integrado por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas.
Además, se aprobó la propuesta de que el titular del Ejecutivo federal presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que pueda ser sustituido por el Secretario de Gobernación, con lo cual se le quitan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que actualmente encabeza dicho órgano.
El Consejo Nacional estará integrado también por los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, SSP, PGR, los Gobernadores, el jefe de Gobierno del DF, un representante de cada cámara del Congreso y un secretario ejecutivo.
De último momento, a propuesta del PRD, se incorporó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrante permanente de Consejo, con voz pero sin voto.
El dictamen también establece que el Secretariado Ejecutivo será el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
Además, el Secretariado Ejecutivo estará conformado por los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de Certificación, Acreditación y Control de Confianza.
El Secretariado Ejecutivo y los titulares de los tres Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo, es decir, el Ejecutivo Federal.
En la nueva ley se prevé un capítulo de sanciones a los servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ejemplo, se prevén sanciones de 5 a 12 años de prisión, y 200 a 800 días multa a quien falsifique el certificado en las instituciones de seguridad, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.
El dictamen avalado por PAN, PRD, PRI y PVEM señala que la seguridad pública es una función concurrente de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la integridad y derechos de las personas y la prevención, investigación y persecución de los delitos.
El dictamen será presentado hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, con la dispensa de trámites.
Luego de dos semanas de negociaciones, se establece que el Sistema Nacional estará integrado por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas.
Además, se aprobó la propuesta de que el titular del Ejecutivo federal presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que pueda ser sustituido por el Secretario de Gobernación, con lo cual se le quitan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que actualmente encabeza dicho órgano.
El Consejo Nacional estará integrado también por los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, SSP, PGR, los Gobernadores, el jefe de Gobierno del DF, un representante de cada cámara del Congreso y un secretario ejecutivo.
De último momento, a propuesta del PRD, se incorporó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrante permanente de Consejo, con voz pero sin voto.
El dictamen también establece que el Secretariado Ejecutivo será el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
Además, el Secretariado Ejecutivo estará conformado por los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de Certificación, Acreditación y Control de Confianza.
El Secretariado Ejecutivo y los titulares de los tres Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo, es decir, el Ejecutivo Federal.
En la nueva ley se prevé un capítulo de sanciones a los servidores públicos que no cumplan con sus responsabilidades en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ejemplo, se prevén sanciones de 5 a 12 años de prisión, y 200 a 800 días multa a quien falsifique el certificado en las instituciones de seguridad, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.
Claudia Salazar y Armando Estrop, Reforma, 4 de diciembre.
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