Prepara Ejecutivo sanción a estados

En medio de la negociación de la nueva Ley para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo federal confirmó que los estados pueden ser sancionados legalmente si no cumplen con las labores de coordinación intergubernamental e institucional para el combate al crimen.

De acuerdo con la Presidencia de la República, los estados y municipios que no acaten el contenido de políticas, estrategias y procedimientos, puede derivar en una aplicación irregular de los recursos federales que les son transferidos para ese fin.

"El incumplimiento por parte de los estados y municipios en la coordinación (...) podría traducirse en una indebida aplicación de los recursos para los fines que fueron asignados y generar una posible sanción acorde con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Capítulo V, de los Fondos de Aportaciones Federales", afirma.

El documento, enviado desde Los Pinos al Senado, cita que las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales -en este caso Gobernadores y Alcaldes- por el manejo o aplicación indebida de recursos de los fondos, serán determinadas y sancionadas.

Sin embargo, en el informe se explica que más allá de los castigos, el objetivo de la comunicación entre los distintos niveles de Gobierno es articular medidas institucionales que aseguren gradualmente el avance y cumplimiento de los esquemas de coordinación entre las autoridades.

Apenas el pasado 12 de noviembre, el coordinador de Asuntos Jurídicos de la SSP, Marco Tulio López Escamilla reveló que el Gobierno federal prepara una iniciativa de reforma para sancionar económicamente a los estados y municipios que no cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad.

Explicó que la intención es castigar a las entidades que desobedezcan el marco legal que eventualmente apruebe el Congreso en los próximos días.

"Se está trabajando en un esquema de sanciones económicas para la entidad que incumpla un convenio o desobedezca algunos acuerdos de la conferencia o del Consejo (Nacional de Seguridad Pública)", dijo.

Explicó que la idea de sancionar a los estados o municipios surgió como producto del diálogo con legisladores, académicos y hasta con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

"En la propia Administración Pública Federal estamos trabajando en la incorporación de nuevos esquemas de sanción de carácter económico, pero ya a a las entidades públicas", confirmó.


Dinero no recomendable


A pesar de que son los policías municipales son los menos recomendables del sistema, el PRI en la Cámara de Diputados busca que la reforma en materia de seguridad contemple un blindaje para garantizar que los recursos que se entregan a los Alcaldes se distribuyan con reglas claras y no a discreción de la Secretaría de Seguridad Pública.

El diputado José Rosas Aispuro, secretario de la Comisión de Federalismo, se pronunció porque el Congreso cuide los términos en los que serán entregados los 4 mil 200 millones autorizados para el Fondo de Seguridad Pública para los estados (Foseg).

"Se busca evitar el manejo discrecional de recursos para los municipios por parte de la SSP, ya que ello provocaría el fracaso de los cambios legislativos", dijo.

Explicó que en el 2008 la SSP sólo entregó recursos del Fondo a 150 de lo 2 mil 430 municipios que hay en el País.

"El reparto de los recursos del Foseg lo hace el Consejo Nacional de Seguridad Pública y lo realiza la SSP, pero es una distribución inequitativa, es decir que no necesariamente privilegia los problemas de inseguridad que se tienen en las diferentes regiones del País", agregó.

Claudia Guerrero, Reforma, 1 de diciembre.