La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR hizo un llamado a los servidores públicos a mantenerse al margen, políticamente hablando, de los comicios del próximo año.
En el contexto electoral no hay mayor afrenta o ilicitud reprochable que viciar la equidad de los comicios desde el propio poder público, afirmó Arely Gómez González , titular de ese organismo.
Agregó que este tipo de conductas vicia de inequidad los procesos electorales y pone en peligro la libertad y secrecía del sufragio, por eso sostuvo, que las acciones de blindaje electoral sólo serán efectivas en la medida en que los tres ámbitos de gobierno respeten la legalidad.
Tras pedir a funcionarios no confundir sus derechos político-electorales con el ejercicio de gobierno, Gómez González apuntó que la Fiscalía a su cargo está lista para participar en los comicios del próximo año.
Los funcionarios públicos están obligados a contribuir a la legalidad electoral y garantizar confianza entre los actores políticos y ciudadanos, recalcó.
Los funcionarios de gobierno tienen el legítimo derecho de ejercer sus prerrogativas político—electorales, como simpatizar con alguna fuerza política o aspirar a cargos de elección popular; sin embargo, hay límites éticos, administrativos y penales que implican el ejercicio de su encargo, advirtió durante una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación en las entidades federativas del país.
La fiscal también advirtió sobre el riesgo de que servidores públicos incurran en delitos electorales ante el desconocimiento de las conductas tipificadas en la ley, e incluso porque existe en algunos casos, la disposición de llevarlas a cabo a favor de algún candidato o partido político.
En el contexto electoral no hay mayor afrenta o ilicitud reprochable que viciar la equidad de los comicios desde el propio poder público, afirmó Arely Gómez González , titular de ese organismo.
Agregó que este tipo de conductas vicia de inequidad los procesos electorales y pone en peligro la libertad y secrecía del sufragio, por eso sostuvo, que las acciones de blindaje electoral sólo serán efectivas en la medida en que los tres ámbitos de gobierno respeten la legalidad.
Tras pedir a funcionarios no confundir sus derechos político-electorales con el ejercicio de gobierno, Gómez González apuntó que la Fiscalía a su cargo está lista para participar en los comicios del próximo año.
Los funcionarios públicos están obligados a contribuir a la legalidad electoral y garantizar confianza entre los actores políticos y ciudadanos, recalcó.
Los funcionarios de gobierno tienen el legítimo derecho de ejercer sus prerrogativas político—electorales, como simpatizar con alguna fuerza política o aspirar a cargos de elección popular; sin embargo, hay límites éticos, administrativos y penales que implican el ejercicio de su encargo, advirtió durante una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación en las entidades federativas del país.
La fiscal también advirtió sobre el riesgo de que servidores públicos incurran en delitos electorales ante el desconocimiento de las conductas tipificadas en la ley, e incluso porque existe en algunos casos, la disposición de llevarlas a cabo a favor de algún candidato o partido político.
Olivier Pavón, Crónica, 18 de diciembre
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