Al aprobar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Cámara de Diputados otorgó nuevas facultades de investigación a las instituciones policiales del País para hacer más eficiente el combate a la delincuencia.
Con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones, el pleno de la Cámara de baja aprobó ayer la ley en la que se establecen las nuevas reglas de organización y coordinación entre el Gobierno federal, los estados y municipios en el combate al crimen organizado.
Con la reforma aprobada se refuerza a las policías del País, pues se ordena que haya elementos investigadores tanto en las procuraduría como en las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal. Además, se establece el requisito de estudios universitarios para quienes cumplan labores de investigación.
También se fija un plazo máximo de cuatro años para certificar a todos los policías del país. El elemento que no cumpla con ese requisito no podrá seguir en su cargo.
Las instituciones policiales, de acuerdo con el artículo 75 de la nueva ley, tendrán tres funciones, una de ellas la de investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información.
Por ello, podrán recibir denuncias sobre hechos que puedan ser delitos cuando no puedan ser formuladas ante el Ministerio Público; verificar información de denuncias que no estén claras o la fuente no esté identificada; realizar diligencias; efectuar detenciones y preservar el lugar de los hechos y la integridad de indicios, huellas o vestigios del ilícito.
Otra tarea es la de prevención de delitos, lo que incluye aplicar infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. Por último realizarán la función de reacción, con elementos encargados de mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
"Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones", señala el artículo 76 de la ley.
Lo anterior, para estimular un esquema similar al que se viene implementando a nivel federal, con la policía totalmente adscrita a la SSP mientras la PGR se queda sólo con peritos y agentes del MP, que supervisan el trabajo policiaco pero sobre todo son fiscales encargados de presentar los casos ante tribunales.
Precisamente en relación a las procuradurías la reforma establece el servicio de carrera ministerial y pericial, los ministerios públicos deberán comprobar la licenciatura en derecho con su cédula profesional y los peritos deberán contar con un título universitario.
Nueva estructura
Con la reforma, el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será presidido por el titular del Ejecutivo Federal, quien podrá ser sustituido por el Secretario de Gobernación, es decir, el titular de la SSP perderá la facultad que actualmente tiene de encabezar el organismo.
El Consejo será un órgano con autonomía presupuestal técnica y de gestión, que además concentrará los nuevos centros nacionales de Certificación y Acreditación, de Información, y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Con la reforma se crea la figura del Secretariado Ejecutivo, cuyo titular será propuesto y removido libremente por el Presidente.
El Sistema contará con varias conferencias nacionales: de Procuración de Justicia, la de Secretarios de Seguridad Pública, la del Sistema Penitenciario y la de Seguridad Pública Municipal.
La ley contiene un capítulo para sancionar a los estados y municipios que no apliquen correctamente los recursos federales destinados a la seguridad pública e incumplan con las obligaciones establecidas en el Sistema Nacional.
Con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones, el pleno de la Cámara de baja aprobó ayer la ley en la que se establecen las nuevas reglas de organización y coordinación entre el Gobierno federal, los estados y municipios en el combate al crimen organizado.
Con la reforma aprobada se refuerza a las policías del País, pues se ordena que haya elementos investigadores tanto en las procuraduría como en las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal. Además, se establece el requisito de estudios universitarios para quienes cumplan labores de investigación.
También se fija un plazo máximo de cuatro años para certificar a todos los policías del país. El elemento que no cumpla con ese requisito no podrá seguir en su cargo.
Las instituciones policiales, de acuerdo con el artículo 75 de la nueva ley, tendrán tres funciones, una de ellas la de investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información.
Por ello, podrán recibir denuncias sobre hechos que puedan ser delitos cuando no puedan ser formuladas ante el Ministerio Público; verificar información de denuncias que no estén claras o la fuente no esté identificada; realizar diligencias; efectuar detenciones y preservar el lugar de los hechos y la integridad de indicios, huellas o vestigios del ilícito.
Otra tarea es la de prevención de delitos, lo que incluye aplicar infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. Por último realizarán la función de reacción, con elementos encargados de mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
"Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones", señala el artículo 76 de la ley.
Lo anterior, para estimular un esquema similar al que se viene implementando a nivel federal, con la policía totalmente adscrita a la SSP mientras la PGR se queda sólo con peritos y agentes del MP, que supervisan el trabajo policiaco pero sobre todo son fiscales encargados de presentar los casos ante tribunales.
Precisamente en relación a las procuradurías la reforma establece el servicio de carrera ministerial y pericial, los ministerios públicos deberán comprobar la licenciatura en derecho con su cédula profesional y los peritos deberán contar con un título universitario.
Nueva estructura
Con la reforma, el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será presidido por el titular del Ejecutivo Federal, quien podrá ser sustituido por el Secretario de Gobernación, es decir, el titular de la SSP perderá la facultad que actualmente tiene de encabezar el organismo.
El Consejo será un órgano con autonomía presupuestal técnica y de gestión, que además concentrará los nuevos centros nacionales de Certificación y Acreditación, de Información, y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Con la reforma se crea la figura del Secretariado Ejecutivo, cuyo titular será propuesto y removido libremente por el Presidente.
El Sistema contará con varias conferencias nacionales: de Procuración de Justicia, la de Secretarios de Seguridad Pública, la del Sistema Penitenciario y la de Seguridad Pública Municipal.
La ley contiene un capítulo para sancionar a los estados y municipios que no apliquen correctamente los recursos federales destinados a la seguridad pública e incumplan con las obligaciones establecidas en el Sistema Nacional.
Claudia Salazar, Armando Estrop y Víctor Fuentes, Reforma, 5 de diciembre.
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