Antes de un protocolo de protección y seguridad para los periodistas, es urgente la solidaridad en el gremio; que los medios nacionales se solidaricen con los estatales que sufren constantes ataques y amenazas del crimen organizado, coincidieron directores y empresarios del ramo de la información en Durango.
A raíz de la escalada de violencia que padece Chihuahua, comunicadores y funcionarios estatales se unieron para crear un “Protocolo de Seguridad para Periodistas”, que en unos días entrará en vigor y al que se sujetaran, de manera voluntaria, los medios locales.
Entre las reglas o medidas destaca que los medios de comunicación pondrán a disposición de sus reporteros chalecos antibalas, a fin de evitar resultar heridos al momento de efectuar sus asignaciones informativas. Para la elaboración del protocolo se tomaron como base documentos internacionales sobre el tema e incluso estándares de cobertura de guerra.
Al respecto, el director de Noticiarios del Canal 12, en Durango, Heber García Cuellar, consideró que más importante que el protocolo de seguridad es la unión en el gremio.
Destacó que en el país, no existen garantías para ejercer el oficio periodístico, de ahí la necesidad de establecer protocolos éticos, de seguridad y protección, pero, subrayó que “el problema de entrada es que no existe una solidaridad gremial, ya que a los medios locales se les ha dejado solos ante las agresiones, intimidaciones y asesinatos que han sufrido”.
García Cuéllar aludió a la necesidad de tomar modelos como los utilizados en Colombia, para integrar un bloque que permita contrarrestar las zonas donde, ante la ola de violencia, se ha dejado de reportear.
Al respecto, Sergio de la Parra Juambelz, director de El Siglo de Durango, coincidió en que es necesaria la unidad en el gremio, “el estar unido nos podrá demostrar que obtendremos los resultados esperados”.
En Guerrero, los periodistas urgieron al Congreso local que legisle por una ley que castigue los agravios en su contra.
El dirigente sindical de Redactores de la Prensa, sección 25, Cecilio Molina Martell, subrayó que los periodistas de Guerrero ya no pueden ser libres para cubrir determinada información, porque luego reciben amenazas de muerte y no hay una ley que castigue los agravios. (Mónica P. Hernández y Adriana Covarrubias)
A raíz de la escalada de violencia que padece Chihuahua, comunicadores y funcionarios estatales se unieron para crear un “Protocolo de Seguridad para Periodistas”, que en unos días entrará en vigor y al que se sujetaran, de manera voluntaria, los medios locales.
Entre las reglas o medidas destaca que los medios de comunicación pondrán a disposición de sus reporteros chalecos antibalas, a fin de evitar resultar heridos al momento de efectuar sus asignaciones informativas. Para la elaboración del protocolo se tomaron como base documentos internacionales sobre el tema e incluso estándares de cobertura de guerra.
Al respecto, el director de Noticiarios del Canal 12, en Durango, Heber García Cuellar, consideró que más importante que el protocolo de seguridad es la unión en el gremio.
Destacó que en el país, no existen garantías para ejercer el oficio periodístico, de ahí la necesidad de establecer protocolos éticos, de seguridad y protección, pero, subrayó que “el problema de entrada es que no existe una solidaridad gremial, ya que a los medios locales se les ha dejado solos ante las agresiones, intimidaciones y asesinatos que han sufrido”.
García Cuéllar aludió a la necesidad de tomar modelos como los utilizados en Colombia, para integrar un bloque que permita contrarrestar las zonas donde, ante la ola de violencia, se ha dejado de reportear.
Al respecto, Sergio de la Parra Juambelz, director de El Siglo de Durango, coincidió en que es necesaria la unidad en el gremio, “el estar unido nos podrá demostrar que obtendremos los resultados esperados”.
En Guerrero, los periodistas urgieron al Congreso local que legisle por una ley que castigue los agravios en su contra.
El dirigente sindical de Redactores de la Prensa, sección 25, Cecilio Molina Martell, subrayó que los periodistas de Guerrero ya no pueden ser libres para cubrir determinada información, porque luego reciben amenazas de muerte y no hay una ley que castigue los agravios. (Mónica P. Hernández y Adriana Covarrubias)
El Universal, 4 de agosto.
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