El caso San Salvador Atenco reveló la imperiosa necesidad de regular el uso de la fuerza de las corporaciones de seguridad pública en México, para evitar que se repitan abusos policiales, afirmó José de Jesús Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte.
Señaló que es indispensable que los organismos policiales adopten protocolos en la materia, pues no hay parámetros legales para evaluar la forma en que actúan, y de ahí que los estándares que utilizó la Corte sobre Atenco fueron los contenidos en el derecho internacional.
Al participar en el congreso internacional sobre Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gudiño Pelayo manifestó que la discusión de ese tema se da en un momento particularmente crítico para el país.
Dijo que no se puede evaluar el uso de la fuerza en una acción policial cuando no hay una ley que señale hasta dónde es legal el uso de un arma, de una estrategia o de un operativo.
El ministro agregó que durante el análisis del caso Atenco, la Corte “estableció que esas omisiones legislativas, reglamentarias y protocolarias, eran por sí mismas violatorias de derechos humanos y contrarias a un Estado democrático”.
Wilfrido Robledo Madrid, director de la Policía Federal Ministerial, quien también participó en el foro, expresó su desacuerdo con las determinaciones de la Suprema Corte sobre el caso, lo que llevó a la liberación en julio pasado de 12 integrantes del movimiento de San Salvador Atenco, entre ellos Ignacio del Valle.
“En lo personal a mí no me gustó, porque hicimos nuestro trabajo”, señaló el funcionario, quien fue responsable de los operativos como director de la policía del Estado de México, en 2006, en los que se cometió una serie de abusos y detenciones arbitrarias después de enfrentamientos entre autoridades y habitantes.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 21 de agosto.
Señaló que es indispensable que los organismos policiales adopten protocolos en la materia, pues no hay parámetros legales para evaluar la forma en que actúan, y de ahí que los estándares que utilizó la Corte sobre Atenco fueron los contenidos en el derecho internacional.
Al participar en el congreso internacional sobre Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gudiño Pelayo manifestó que la discusión de ese tema se da en un momento particularmente crítico para el país.
Dijo que no se puede evaluar el uso de la fuerza en una acción policial cuando no hay una ley que señale hasta dónde es legal el uso de un arma, de una estrategia o de un operativo.
El ministro agregó que durante el análisis del caso Atenco, la Corte “estableció que esas omisiones legislativas, reglamentarias y protocolarias, eran por sí mismas violatorias de derechos humanos y contrarias a un Estado democrático”.
Wilfrido Robledo Madrid, director de la Policía Federal Ministerial, quien también participó en el foro, expresó su desacuerdo con las determinaciones de la Suprema Corte sobre el caso, lo que llevó a la liberación en julio pasado de 12 integrantes del movimiento de San Salvador Atenco, entre ellos Ignacio del Valle.
“En lo personal a mí no me gustó, porque hicimos nuestro trabajo”, señaló el funcionario, quien fue responsable de los operativos como director de la policía del Estado de México, en 2006, en los que se cometió una serie de abusos y detenciones arbitrarias después de enfrentamientos entre autoridades y habitantes.
México. Ignacio Alzaga, Milenio, 21 de agosto.
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