A nombre del sector privado mexicano, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Sánchez Ruiz, manifestó su respaldo al presidente Felipe Calderón en su iniciativa para crear una política de Estado en materia de seguridad, ya que hoy “se vive la peor catástrofe del país” en esta materia.
Resaltó la necesidad de avanzar en la aprobación de una ley de seguridad nacional para respaldar las acciones del Ejército Mexicano y de la Armada de México en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la primera jornada del “Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento”, el presidente del CCE sostuvo que los empresarios mexicanos apoyan de manera irrestricta la convocatoria presidencial a favor de un acuerdo nacional en el rubro de la seguridad.
Sánchez Ruiz señaló que “México ha obtenido calificaciones muy bajas en materia de confianza para las inversiones, debido a la acción del crimen organizado”.
Dijo que es muy alto el índice delictivo en el país y que anualmente se registran 12 mil delitos por cada 100 mil habitantes, pero en el Distrito Federal esta cifra es de 22 mil ilícitos que se cometen por cada 100 mil habitantes.
Agregó que tan sólo en 2008, los gastos de inseguridad que suman las inversiones, así como las acciones de salud, el robo, los fraudes y las compras de pólizas de seguro tuvieron un costo de 952 mil millones de pesos que equivalen al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto.
Y subrayó que el asalto a transeúnte es el principal acto ilícito que se comete y equivale a 42 por ciento de los delitos, le siguen el robo de autopartes con 27 por ciento, y los secuestros, con 0.5 por ciento.
En el Casino Militar del Campo Marte, al poniente del Distrito Federal, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila Flores, señaló la urgencia de abatir la delincuencia mediante la prevención y la coordinación entre las diversas instancias del gobierno.
Por su parte, el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, Arturo Mendicuti Narro, subrayó la urgencia y la necesidad de generar más y mejores empleos que permitan a los ciudadanos obtener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, así como fomentar la cultura de la denuncia ciudadana.
Resaltó la necesidad de avanzar en la aprobación de una ley de seguridad nacional para respaldar las acciones del Ejército Mexicano y de la Armada de México en la lucha contra el crimen organizado.
Durante la primera jornada del “Diálogo por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento”, el presidente del CCE sostuvo que los empresarios mexicanos apoyan de manera irrestricta la convocatoria presidencial a favor de un acuerdo nacional en el rubro de la seguridad.
Sánchez Ruiz señaló que “México ha obtenido calificaciones muy bajas en materia de confianza para las inversiones, debido a la acción del crimen organizado”.
Dijo que es muy alto el índice delictivo en el país y que anualmente se registran 12 mil delitos por cada 100 mil habitantes, pero en el Distrito Federal esta cifra es de 22 mil ilícitos que se cometen por cada 100 mil habitantes.
Agregó que tan sólo en 2008, los gastos de inseguridad que suman las inversiones, así como las acciones de salud, el robo, los fraudes y las compras de pólizas de seguro tuvieron un costo de 952 mil millones de pesos que equivalen al 7.9 por ciento del Producto Interno Bruto.
Y subrayó que el asalto a transeúnte es el principal acto ilícito que se comete y equivale a 42 por ciento de los delitos, le siguen el robo de autopartes con 27 por ciento, y los secuestros, con 0.5 por ciento.
En el Casino Militar del Campo Marte, al poniente del Distrito Federal, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila Flores, señaló la urgencia de abatir la delincuencia mediante la prevención y la coordinación entre las diversas instancias del gobierno.
Por su parte, el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, Arturo Mendicuti Narro, subrayó la urgencia y la necesidad de generar más y mejores empleos que permitan a los ciudadanos obtener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, así como fomentar la cultura de la denuncia ciudadana.
Luciano Franco, La Crónica, 3 de agosto.
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