Duda Sepúlveda avance queja

La demanda contra el Presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) es jurídicamente improcedente, consideraron expertos en la materia.

El actual consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Sepúlveda, señaló que la demanda no será admitida por el tribunal internacional, fundamentalmente porque éste se orienta a tratar delitos más que violaciones a los derechos humanos.

"Está lejos de vincularse por delitos de lesa humanidad, porque lo que señala el Estatuto de la Corte Penal es que se debe tratar de un ataque generalizado y sistemático y que provoque muertes, tortura, etcétera. Distintos supuestos que sí se dan, pero no se dan como una política o una estrategia orquestada por ese objetivo, ahí es donde yo veo que se rompe esa vinculación, porque aunque se da de manera generalizada -no es un problema aislado- no se da como una política hacia esos objetivos", detalló.

Sin embargo, el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y ex coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró aunque sean pocas las probabilidades de que el caso sea admitido por la Corte, haber presentado la demanda es un derecho ciudadano, y en ese sentido, criticó el tono y contenido de la respuesta de la Presidencia de la República.

"Es muy equivocado que se entienda que hay una amenaza o hay una especie de condena o persecución a los ciudadanos. Yo creo que ése no es el tono que hay que generar", expresó.

Dijo que independientemente de que proceda o no la demanda, México debe encontrar mecanismos para enfrentar una situación que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, por lo que requiere de un replanteamiento de la situación.

Aunque el caso no proceda ante la CPI, afirmó, éste puede ser llevado a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana.

En tanto, el ex Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, dijo que cuando México aceptó la competencia de la CPI, puso como reserva el artículo 21 constitucional, el cual indica que únicamente el Ejecutivo federal, respaldado por el Senado, puede llevar a un mexicano ante este tribunal.

"El artículo 21 constitucional fue inclusive reformado con ese fin, de crear un filtro, entonces pues ahora sí que el artículo 21 constitucional es muy claro para permitir que llegue un caso concreto ante la Corte Penal lo tiene que llevar el Ejecutivo y con aprobación del Senado, entonces por eso es que digo que ahorita estaría en chino que el propio Ejecutivo se entregara", aseguró.

El ex titular de la CNDH dijo que una demanda de este tipo podría proceder durante la siguiente administración.

"Sobre todo si el próximo gobierno quiere fastidiar a Calderón, si quiere hacerle la vida de cuadritos.

En tanto, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, señaló que no existen razones para que la Corte admita el caso.


Silvia Garduño, Reforma, 29 de noviembre.