Aumentan las dudas por los jueces de control

A casi un mes de que entre en vigor la reforma constitucional que creó la figura de los “jueces de control”, los juzgadores federales coinciden en que falta reformar la legislación secundaria para delimitar y precisar la actuación de juzgadores, agentes del Ministerio Público, policías y personal operativo en materia de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas relacionadas con la delincuencia organizada.

En este contexto, jueces consultados se pronunciaron porque la Procuraduría General de la República (PGR) “fundamente y motive” las ampliaciones de arraigo de 40 a 80 días en investigaciones que tengan que ver con delitos graves, “porque resulta que a veces ni siquiera realizan diligencias relacionadas con los presuntos delincuentes y a pesar de eso los quieren mantener bajo arraigo por otros 40 días”, comentaron.

Los jueces y magistrados fueron consultados en el contexto del Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se llevó a cabo este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, donde coincidieron en que la falta de claridad de la reforma constitucional al artículo 16 y la falta de una ley secundaria en la materia dejan muchas dudas sobre la actuación de los jueces que se encargarán de atender las peticiones del Ministerio Público Federal en la etapa de investigación de delitos de delincuencia organizada.

Una de las preocupaciones externadas por los juzgadores, particularmente en las sesiones privadas, fue que los jueces de control deben contar con las herramientas necesarias para evitar que el Ministerio Público actúe sin tomar en cuenta los derechos humanos de los presuntos delincuentes.

Reconocieron también que serán insuficientes los seis juzgados de control que entrarán en funciones el próximo 5 de enero y demandaron al gobierno federal que canalice mayores recursos económicos para crear nuevos espacios, pero también para abastecerlos de los medios electrónicos suficientes para cumplir con el objetivo de agilizar las solicitudes de cateo, arraigo o intervenciones telefónica relacionadas con el combate al crimen organizado.

De acuerdo con la reforma constitucional, los jueces podrán recibir, por cualquier medio electrónico, las solicitudes del Ministerio Público, lo cual exige que, además de contar con la infraestructura necesaria, se garantice la confidencialidad de la información.

Los juzgadores señalaron que el Ministerio Público deberá fundamentar y motivar de una manera cada vez más completa sus peticiones, ya que de lo contrario, y pese a la importancia que tiene el combate al crimen, los jueces de control estarán en condiciones de negar cateos, arraigos o intervenciones en las que no exista información suficiente sobre las razones de la petición.

Hubo quien habló en favor de que el Congreso de la Unión determine, mediante una ley secundaria, el catálogo de delitos o situaciones en los que el Ministerio Público pueda acudir ante los jueces de control, para evitar así que los fiscales actúen a su arbitrio y sin fundamento legal.

En esta nueva legislación, en la que deberán trabajar de manera coordinada los jueces, agentes del Ministerio Público y policías federales, se hizo el planteamiento de que la capacitación que reciban los funcionarios sea en espacios y en condiciones comunes, para garantizar que los niveles de preparación sean similares. Esto como condición para que la nueva legislación realmente cumpla con su objetivo de combatir eficazmente al crimen, pero respetando en todo momento los derechos humanos y el debido proceso legal.

Jesús Aranda, La Jornada, 1 de diciembre.