La corriente Democracia 2000 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) descalificó las declaraciones del presidente Felipe Calderón de que la Operación Limpieza que el gobierno federal ha puesto en práctica para deshacerse de corruptos “no es contra funcionarios en particular, defendiendo con ello a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”.
El líder de esa corriente, Tomás López, advirtió que la limpieza “debe hacerse a fondo, sin distingos, sin ser juez y parte”.
Agregó que “lo que preocupa todavía más es que la Procuraduría General de la República calderonista se fíe más de testigos protegidos que, a cambio de reducción de penas pueden decir lo que el gobierno quiera, como es el caso de Felipe, nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos por narcotráfico y que es quien ha puesto en el banquillo de los acusados a los funcionarios arraigados”.
Por ello, apunta Democracia 2000, “vemos con preocupación que la fuerza del Estado se utiliza contra sus detractores, y no se va a fondo en esta guerra contra el narcotráfico, siendo el Presidente y no un juez el que diga quién es culpable o inocente.
“De ahí que, por congruencia, los funcionarios que se han también mencionado por presuntas ligas con el crimen organizado deben separarse de sus cargos, para dar certidumbre a una verdadera depuración de los cuerpos y mandos policiacos, en vista de que es uno de los compromisos que se firmaron hace más de cien días en Palacio Nacional.”
Consideraron que la Operación Limpieza “debe tocar a funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por las fallas en los sistemas de radar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre, durante cuatro horas, los sistemas fallaron. Lo que podría haber llevado a que se desarrollaran actividades ilícitas, por lo que la omisión también es causal de responsabilidad”.
El líder de esa corriente, Tomás López, advirtió que la limpieza “debe hacerse a fondo, sin distingos, sin ser juez y parte”.
Agregó que “lo que preocupa todavía más es que la Procuraduría General de la República calderonista se fíe más de testigos protegidos que, a cambio de reducción de penas pueden decir lo que el gobierno quiera, como es el caso de Felipe, nombre que como testigo protegido adoptó el ex agente federal mexicano Alberto Pérez Guerrero, detenido en Estados Unidos por narcotráfico y que es quien ha puesto en el banquillo de los acusados a los funcionarios arraigados”.
Por ello, apunta Democracia 2000, “vemos con preocupación que la fuerza del Estado se utiliza contra sus detractores, y no se va a fondo en esta guerra contra el narcotráfico, siendo el Presidente y no un juez el que diga quién es culpable o inocente.
“De ahí que, por congruencia, los funcionarios que se han también mencionado por presuntas ligas con el crimen organizado deben separarse de sus cargos, para dar certidumbre a una verdadera depuración de los cuerpos y mandos policiacos, en vista de que es uno de los compromisos que se firmaron hace más de cien días en Palacio Nacional.”
Consideraron que la Operación Limpieza “debe tocar a funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por las fallas en los sistemas de radar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre, durante cuatro horas, los sistemas fallaron. Lo que podría haber llevado a que se desarrollaran actividades ilícitas, por lo que la omisión también es causal de responsabilidad”.
Ciro Pérez SIlva, La Jornada, 1 de diciembre.
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