La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene listo un predictamen de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que a petición de la Presidencia dotará a ministerios públicos federales de facultades de investigación, entrega de recompensas, ejercer la extinción de dominio y resguardar los bienes de una víctima que sea objeto de extorsiones, entre otros cambios.
En un último esfuerzo por avanzar en la reforma de seguridad y justicia, los diputados cabildean estas reformas complementarias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado el 21 de agosto.
Los legisladores no pudieron cumplir ese acuerdo en el plazo de los 100 días que concluyó el 28 de noviembre; por ello, apuestan a aprobar algunas reformas y nuevas leyes en el último tramo del periodo ordinario de sesiones que termina el 15 de diciembre.
Al término de la semana hubo acercamientos entre los operadores políticos del PRD y PRI en San Lázaro para avanzar en un acuerdo que rescate a la Agencia Federal Investigación (AFI) —que no se encuentra prevista en el esquema de nuevas policías del gobierno de Calderón— y evitar su desaparición quitándosela a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y pasarla a manos de la PGR.
Las reformas a esta ley incluyen la certificación de ministerios públicos a nivel federal y abre a usuarios, denunciantes o víctimas una puerta de quejas y querellas contra aquellos funcionarios que abusen de sus facultades.
Incluso, se podrá ordenar a la policía que proteja a personas cuya vida o integridad física estén bajo riesgo objetivo y también a todas las víctimas, ofendidos, testigos y en general a los sujetos que intervengan en esos procedimientos penales.
El documento, en poder de EL UNIVERSAL, crea la Visitaduría General como órgano de evaluación de la actuación del MP de la Federación y de funcionarios de la PGR.
En un último esfuerzo por avanzar en la reforma de seguridad y justicia, los diputados cabildean estas reformas complementarias a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado el 21 de agosto.
Los legisladores no pudieron cumplir ese acuerdo en el plazo de los 100 días que concluyó el 28 de noviembre; por ello, apuestan a aprobar algunas reformas y nuevas leyes en el último tramo del periodo ordinario de sesiones que termina el 15 de diciembre.
Al término de la semana hubo acercamientos entre los operadores políticos del PRD y PRI en San Lázaro para avanzar en un acuerdo que rescate a la Agencia Federal Investigación (AFI) —que no se encuentra prevista en el esquema de nuevas policías del gobierno de Calderón— y evitar su desaparición quitándosela a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y pasarla a manos de la PGR.
Las reformas a esta ley incluyen la certificación de ministerios públicos a nivel federal y abre a usuarios, denunciantes o víctimas una puerta de quejas y querellas contra aquellos funcionarios que abusen de sus facultades.
Incluso, se podrá ordenar a la policía que proteja a personas cuya vida o integridad física estén bajo riesgo objetivo y también a todas las víctimas, ofendidos, testigos y en general a los sujetos que intervengan en esos procedimientos penales.
El documento, en poder de EL UNIVERSAL, crea la Visitaduría General como órgano de evaluación de la actuación del MP de la Federación y de funcionarios de la PGR.
El Universal, 7 de diciembre.
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