Más de 50% de los casi 200 millones de dólares de la Iniciativa Mérida liberados por el gobierno de Estados Unidos se destinarán a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo recibirá equipos de inspección, como detectores de explosivos y drogas.
El acuerdo que firmaron esta semana México y Estados Unidos establece la forma en que se distribuirán los 197 millones 175 mil dólares asignados para la aplicación de la primera etapa de la iniciativa, con los que se ejecutarán 29 programas de seguridad que se fijaron con el criterio de fortalecer el trabajo de las autoridades civiles.
Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallaron que durante el proceso de negociación fueron las dependencias las que fijaron sus necesidades.
La Sedena consideró necesarios sólo los equipos de inspección, que también incluyen unidades móviles de revisión a base de rayos gama y de rayos x, que permitirán realizar inspecciones de contenedores, vehículos y bienes almacenados.
No obstante, esta semana EL UNIVERSAL dio a conocer que desde 2007 la Sedena advirtió que la degradación del poder militar de las Fuerzas Armadas “es tan notable que en los próximos cinco años puede tornarse irreversible” ante la existencia de limitaciones tácticas y técnicas “tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”.
En esta primera etapa de aplicación de la Iniciativa Mérida, los funcionarios de la Cancillería consultados explicaron que del total de los recursos que serán invertidos, alrededor de 57 millones de dólares se destinarán a la PGR.
La dependencia desarrollará, entre otros, el programa Justicia Efectiva para Todos (Constanza), que implicará la instalación de un equipo informático con tecnología de punta para eficientar la integración de expedientes, que incluso tendrá un respaldo en caso de desastres.
Se prevé la adquisición de equipo de última generación para los laboratorios periciales de la PGR, además de la capacitación del personal.
Mientras que de los fondos autorizados para el combate al narcotráfico, 52 millones de dólares corresponderán a la SSP federal, para proyectos que incluyen la compra de hardware y software para integrar el Registro Nacional de Policía, así como asistencia técnica para la planeación y desarrollo de una cárcel de máxima seguridad en el país, además de entrenamiento para el personal penitenciario.
El acuerdo que firmaron esta semana México y Estados Unidos establece la forma en que se distribuirán los 197 millones 175 mil dólares asignados para la aplicación de la primera etapa de la iniciativa, con los que se ejecutarán 29 programas de seguridad que se fijaron con el criterio de fortalecer el trabajo de las autoridades civiles.
Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallaron que durante el proceso de negociación fueron las dependencias las que fijaron sus necesidades.
La Sedena consideró necesarios sólo los equipos de inspección, que también incluyen unidades móviles de revisión a base de rayos gama y de rayos x, que permitirán realizar inspecciones de contenedores, vehículos y bienes almacenados.
No obstante, esta semana EL UNIVERSAL dio a conocer que desde 2007 la Sedena advirtió que la degradación del poder militar de las Fuerzas Armadas “es tan notable que en los próximos cinco años puede tornarse irreversible” ante la existencia de limitaciones tácticas y técnicas “tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”.
En esta primera etapa de aplicación de la Iniciativa Mérida, los funcionarios de la Cancillería consultados explicaron que del total de los recursos que serán invertidos, alrededor de 57 millones de dólares se destinarán a la PGR.
La dependencia desarrollará, entre otros, el programa Justicia Efectiva para Todos (Constanza), que implicará la instalación de un equipo informático con tecnología de punta para eficientar la integración de expedientes, que incluso tendrá un respaldo en caso de desastres.
Se prevé la adquisición de equipo de última generación para los laboratorios periciales de la PGR, además de la capacitación del personal.
Mientras que de los fondos autorizados para el combate al narcotráfico, 52 millones de dólares corresponderán a la SSP federal, para proyectos que incluyen la compra de hardware y software para integrar el Registro Nacional de Policía, así como asistencia técnica para la planeación y desarrollo de una cárcel de máxima seguridad en el país, además de entrenamiento para el personal penitenciario.
Silvia Otero, El Universal, 7 de diciembre.
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