El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, defensores de las garantías fundamentales y representantes de la jerarquía católica se manifestaron en contra de las iniciativas que Felipe Calderón envió al Senado, con las que propone modificar la Ley de Seguridad Nacional –que buscan, entre otras, legalizar la presencia del Ejército en labores de seguridad pública–, debido a que crean las condiciones para que se vulneren los derechos de la ciudadanía.
Integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que las iniciativas contravienen acuerdos internacionales de derechos humanos que México está obligado a cumplir, así como la propia Constitución; además, se corre el riesgo de que las violaciones a garantías cometidas por militares continúen en la impunidad.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga, subrayó que las acciones militares que desde el inicio del sexenio emprendió el gobierno federal en contra del crimen organizado “significan la renuncia de Calderón a consolidar soluciones civiles a los problemas internos; las autoridades civiles son las únicas que tienen cabida en un marco democrático”.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, subrayó que las iniciativas “contravienen abiertamente la Constitución y el derecho internacional en materia de garantías fundamentales. En situaciones de excepción cabe la posibilidad de suspender garantías ciudadanas, siempre bajo una serie de reglas; sin embargo, (las propuestas) denotan la suspensión de derechos sin argumentos, lo que deviene acciones anticonstitucionales”.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la aprobación de esas iniciativas traería consecuencias negativas para el respeto de las garantías fundamentales, por lo que urgió a legisladores y sociedad en su conjunto a no permitir que se trastoquen las leyes.
Al respecto, el titular de la CDHDF consideró que legalizar el uso del Ejército contra el narcotráfico podría crear condiciones para la violación de los derechos humanos, sobre todo en lo que a abusos por parte de los militares se refiere.
Álvarez Icaza subrayó que a los militares no les corresponde realizar funciones de policías, porque ellos “están entrenados para el uso extremo de la fuerza”, y aunque señaló que “el Ejército sigue siendo una institución confiable y respetable, no hay que generar condiciones” para la violación de las garantías individuales.
Finalmente, en el marco de la 87 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Teodoro Enrique Pino Miranda, obispo de Huajuapan de León, Oaxaca, refirió que ésta no es una respuesta “ciento por ciento adecuada”. Consideró que en este tema es necesario consultar a la ciudadanía y agregó que para combatir la inseguridad “educar es el camino, no lo puede ser el de la violencia para combatir a la violencia”.
Por otra parte, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, señaló, ante la prevalencia de la inseguridad en el país y de la visita, hoy, del titular de la Secretaria de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a la sede de la CEM, que más allá de la situación de cada diócesis existe una preocupación por conocer de voz directa del funcionario cuál es el panorama real del país en ese tópico, y adelantó que algunos de los rubros que se tratarán en la jornada de clausura de este cónclave serán el narcomenudeo y el narcotráfico a gran escala, así como el asunto del crimen organizado y secuestros.
En entrevista, especificó que a los obispos les interesa saber sobre la venta de protección, lo cual, dijo, podría estar ocurriendo en algunos estados. También expresarán sus preocupaciones sobre implicación de autoridades en ilícitos, corrupción de policías y magistrados, y planteó la necesidad de limpiar los cuerpos de seguridad y de justicia.
Integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que las iniciativas contravienen acuerdos internacionales de derechos humanos que México está obligado a cumplir, así como la propia Constitución; además, se corre el riesgo de que las violaciones a garantías cometidas por militares continúen en la impunidad.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga, subrayó que las acciones militares que desde el inicio del sexenio emprendió el gobierno federal en contra del crimen organizado “significan la renuncia de Calderón a consolidar soluciones civiles a los problemas internos; las autoridades civiles son las únicas que tienen cabida en un marco democrático”.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, subrayó que las iniciativas “contravienen abiertamente la Constitución y el derecho internacional en materia de garantías fundamentales. En situaciones de excepción cabe la posibilidad de suspender garantías ciudadanas, siempre bajo una serie de reglas; sin embargo, (las propuestas) denotan la suspensión de derechos sin argumentos, lo que deviene acciones anticonstitucionales”.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la aprobación de esas iniciativas traería consecuencias negativas para el respeto de las garantías fundamentales, por lo que urgió a legisladores y sociedad en su conjunto a no permitir que se trastoquen las leyes.
Al respecto, el titular de la CDHDF consideró que legalizar el uso del Ejército contra el narcotráfico podría crear condiciones para la violación de los derechos humanos, sobre todo en lo que a abusos por parte de los militares se refiere.
Álvarez Icaza subrayó que a los militares no les corresponde realizar funciones de policías, porque ellos “están entrenados para el uso extremo de la fuerza”, y aunque señaló que “el Ejército sigue siendo una institución confiable y respetable, no hay que generar condiciones” para la violación de las garantías individuales.
Finalmente, en el marco de la 87 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Teodoro Enrique Pino Miranda, obispo de Huajuapan de León, Oaxaca, refirió que ésta no es una respuesta “ciento por ciento adecuada”. Consideró que en este tema es necesario consultar a la ciudadanía y agregó que para combatir la inseguridad “educar es el camino, no lo puede ser el de la violencia para combatir a la violencia”.
Por otra parte, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, señaló, ante la prevalencia de la inseguridad en el país y de la visita, hoy, del titular de la Secretaria de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a la sede de la CEM, que más allá de la situación de cada diócesis existe una preocupación por conocer de voz directa del funcionario cuál es el panorama real del país en ese tópico, y adelantó que algunos de los rubros que se tratarán en la jornada de clausura de este cónclave serán el narcomenudeo y el narcotráfico a gran escala, así como el asunto del crimen organizado y secuestros.
En entrevista, especificó que a los obispos les interesa saber sobre la venta de protección, lo cual, dijo, podría estar ocurriendo en algunos estados. También expresarán sus preocupaciones sobre implicación de autoridades en ilícitos, corrupción de policías y magistrados, y planteó la necesidad de limpiar los cuerpos de seguridad y de justicia.
Emir Olivares, Alejandro Cruz y Carolina Gómez, La Jornada, 24 de abril.
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