Además, transmitió su orden de captura internacional a la Interpol, así como a la policía científica venezolana y a la Oficina Nacional de Extranjería.
La fiscalía venezolana informó que la orden de detención fue dictada por la jueza Reina Morandy, y que se decidió además porque Rosales “no asistió a la audiencia preliminar”, donde debería responder por el supuesto delito cometido entre 2002 y 2004 cuando era gobernador de Zulia, al no poder justificar 60 mil dólares en su declaración patrimonial.
Manuel Rosales “ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra. La orden de aprehensión judicial preventiva de libertad es la medida excepcional que ha de aplicarse para garantizar la presencia de un imputado en el proceso que se adelanta en su contra”, afirma el comunicado del Ministerio Público.
El canciller peruano José Antonio García Belaúnde dijo que el líder opositor venezolano tendrá que sustentar ante una comisión especial de gobierno su pedido de asilo político, presentado el martes ante la cancillería de Perú, luego de lo cual se decidirá en un plazo de dos semanas si se le otorga.
Rosales, quien fue candidato a presidente en 2006 y es actualmente alcalde de Maracaibo, dijo en Lima confiar en que el gobierno peruano le otorgue asilo al considerarse “perseguido político”.
Añadió en una entrevista con la televisión limeña que continuará en la lucha para “liberar” a su país de las que llamó “manos ensangrentadas” del gobierno del presidente Hugo Chávez.
Estas declaraciones políticas le valieron la condena del canciller García Belaúnde, quien le señaló que si pedía asilo no podía convertir a Perú “en su plataforma política”. Por lo tanto, lo llamó a ajustarse a las normas que corresponden para estos casos.
Fuentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela instaron al gobierno peruano del presidente Alan García analizar a fondo el caso de Rosales, y le pidieron recordar su petición a Chile de extradición del ex presidente Alberto Fujimori.
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