En caso de que Gregorio Sánchez, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo, pierda sus derechos políticos si un juez le dicta auto de formal prisión por los delitos que le imputa la PGR, los partidos integrantes del Dia (PRD-PT-Convergencia) tienen la opción de registrar a otro abanderado mediante la figura de sustitución, dijo Francisco Burgoa, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
“Si el juez le dicta el auto de formal prisión a Sánchez, los órganos directivos de la coalición deben sesionar para proponer un sustituto, es una opción válida y legal, siempre y cuando sea una decisión de los partidos´”, misma que debe ser comunicada formalmente al Instituto Electoral de Quintana Roo.
El problema en este caso, es que “se está judicializando la política y politizando la justicia, sería muy inocente de nuestra parte pensar que efectivamente no hay tintes políticos en esta detención”.
De acuerdo con el constitucionalista, Sánchez perdería sus derechos político-electorales en forma automática a partir del “´día en el que el juez de la causa le dicte auto de formal prisión”.
“La suspensión de estos derechos, en específico el derecho al voto activo y pasivo, se da ipso facto cuando el juez dicta auto de formal prisión, esta medida —de carácter provisional— no contradice el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la Constitución”, detalló.
En el caso de Greg, la interrupción de su derecho a votar y ser votado es temporal, pero si más adelante es sentenciado, la suspensión de sus derechos será definitiva.
“Si el juez le dicta el auto de formal prisión a Sánchez, los órganos directivos de la coalición deben sesionar para proponer un sustituto, es una opción válida y legal, siempre y cuando sea una decisión de los partidos´”, misma que debe ser comunicada formalmente al Instituto Electoral de Quintana Roo.
El problema en este caso, es que “se está judicializando la política y politizando la justicia, sería muy inocente de nuestra parte pensar que efectivamente no hay tintes políticos en esta detención”.
De acuerdo con el constitucionalista, Sánchez perdería sus derechos político-electorales en forma automática a partir del “´día en el que el juez de la causa le dicte auto de formal prisión”.
“La suspensión de estos derechos, en específico el derecho al voto activo y pasivo, se da ipso facto cuando el juez dicta auto de formal prisión, esta medida —de carácter provisional— no contradice el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la Constitución”, detalló.
En el caso de Greg, la interrupción de su derecho a votar y ser votado es temporal, pero si más adelante es sentenciado, la suspensión de sus derechos será definitiva.
El Universal, 29 de mayo.
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