Origen de los recursos del PRI, eje de la impugnación ante el TEPJF


En su recurso de impugnación de la elección presidencial, el Movimiento Progresista pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraer las quejas relacionadas con el financiamiento de la campaña del PRI, sobre todo aquellas de las que no ha emitido resultados la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE).
En tal situación se encuentran los expedientes de las tarjetas de las tiendas de autoservicio Soriana –que habrían servido para comprar votos– y de los monederos electrónicos (expedidos por Banco Monex) con los que, según las quejas presentadas al árbitro electoral, se fondeó la estructura del PRI en las casillas, en una veta de recursos no reportados al IFE.
La coalición demandante pide a los magistrados atraer al menos 12 indagatorias que están en curso en la Unidad de Fiscalización, para que en la elaboración del proyecto de calificación de la contienda presidencial se tomen en cuenta las presuntas irregularidades de financiamiento y de rebase de topes de campaña de Enrique Peña Nieto, abanderado de la alianza PRI-Partido Verde.
Fuentes consultadas indicaron que ayer en Salamanca, Guanajuato, comparecieron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) los dos supuestos representantes del PRI cuyas quejas destaparon el escándalo de las tarjetas Monex.
El PAN demanda celeridad a la CNBV
En tanto, el PAN –denunciante del caso ante el IFE– advirtió que no existe ninguna traba para que la Unidad de Fiscalización resuelva con celeridad este asunto.
La CNBV y el IFE tienen una coordinación dispuesta en la ley y ello implica que no existe ninguna traba para que la información que solicite el IFE pueda ser entregada rápidamente por la CNBV, señaló Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE.
Dijo que derivado de ello el organismo electoral llegue a la conclusión de que estos recursos fueron, efectivamente, trasladados para los representantes de casilla y representantes generales el día de la jornada electoral, lo que nos hace suponer que esos recursos no están registrados en las cuentas oficiales del PRI ni del Verde.
Acerca de los comentarios de integrantes del Movimiento Progresista, de que la persona moral de carácter mercantil que entregó al Banco Monex los recursos no tienen claro sus domicilios fiscales y, por tanto, habría la posibilidad de que el dinero sea de procedencia ilegal, el panista se limitó a puntualizar lo detectado hasta ahora por el IFE.
La autoridad electoral tiene identificados 9 mil 994 monederos que corresponden a los números de serie que denunciamos, como instrumentos de dispersión de dinero para la jornada electoral; ahí se tienen identificados, al menos, 70.8 millones de pesos.
Ante ello, añadió Carbajal, estamos exhortando a la Unidad de Fiscalización para que resuelva lo antes posible esta queja y tenga a la mano toda la información de la CNBV para que revele quién contrató estos monederos, para qué y cuál es el monto de los recursos involucrados.
Ahí es donde la labor de la Unidad de Fiscalización del IFE cobra especial relevancia –dijo–, porque no solamente estaríamos ante un financiamiento paralelo, contrario a la ley, sino también cuál es el origen y si éste es ilícito, evidentemente hay causas penales que perseguir. Por lo pronto tenemos que averiguar las ligas de estos monederos con el PRI.
Alfredo Figueroa, integrante de la Comisión de Quejas del IFE, instancia que junto con la Unidad de Fiscalización reveló la existencia de los casi 10 mil monederos, señaló que el caso está abierto y, por ser un procedimiento ordinario, puede demorar más que uno de tipo especial, aunque adelantó que la semana entrante se evaluará el estado que guarda la indagatoria.
Hasta ahora las pesquisas de las autoridades del IFE son de carácter reservado, precisó.
No se ha parado de trabajar, así que cualquier afirmación vinculada a que el IFE no ha venido trabajando carece de verosimilitud, aseveró.
El consejero Marco Antonio Baños opinó que el IFE debe desahogar la investigación del caso lo más rápido que se pueda, porque ese tema es importante para la conclusión del proceso electoral en marcha.
Fabiola Martínez, La Jornada, 14 de julio.

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