Al realizarse ayer en el Instituto Federal Electoral el segundo foro de contraste de propuestas partidistas, con el tema de la inseguridad, el representante del PRI, Fernando Castro Trenti, señaló que alrededor de 300 sacerdotes han abandonado sus parroquias debido a las amenazas de ser ejecutados, mientras que 65 por ciento de los mexicanos han tenido que cambiar su actitud, conducta, cultura y costumbres, por miedo.
El también senador destacó que el combate al narcotráfico se ha abordado erróneamente, es decir, en lugar de haber hecho una planeación estratégica que permitiese con una acción de inteligencia haber detectado en dónde se encontraban los vicios y la columna vertebral del crimen organizado, se ha atacado a éste en forma inversa, primero la persecución y después la investigación.
A la crítica del priísta se sumaron otros partidos, que de plano calificaron la estrategia gubernamental contra el narcotráfico como un “fracaso”. Sin embargo, el panista Francisco Ramírez Acuña se abstuvo de comentar al respecto y se concretó a señalar que por primera vez un gobierno ha tomado en serio su responsabilidad y actúa de manera directa contra este cáncer que padece la sociedad.
El candidato a diputado se refirió a algunas de las iniciativas que promoverá su partido, como la dirigida a establecer mecanismos más claros para impulsar las recompensas a quienes den informes para detener a los delincuentes.
Por el PRD, el senador Graco Ramírez indicó que la inseguridad está ligada a la existencia de un modelo económico que no ha generado crecimiento por muchos años y que no ofrece expectativas de vida a millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Por tanto, el problema no debe atenderse exclusivamente desde la perspectiva policiaca, subrayó.
También señaló que no se puede proponer la criminalización de los pobres o un populismo punitivo que plantea cadenas perpetuas y penas de muerte, porque simple y llanamente esto es caer en el primitivismo más grande para enfrentar un problema que afecta a millones. Aparte de revisar el modelo económico, planteó la creación de un acuerdo que permita la construcción de un nuevo Estado democrático.
Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública y representante de Convergencia, destacó que cada año se cometen cerca de 12 millones de delitos en el país, pero sólo un millón y medio se denuncian; de esa cifra, 250 mil se consignan ante los jueces, y de esos, entre 170 mil y 190 mil llegan a obtener una sentencia, lo que lleva a la convicción de que hay 98 por ciento de impunidad.
Convergencia propone, dijo, la rendición cotidiana de cuentas de todos los miembros del sistema de seguridad pública del país, y el que no cumpla que se vaya. De igual manera, se requiere generar como principio fundamental la reparación del daño a las víctimas. “México no es un país de delincuentes, sino de víctimas, y vamos a defenderlas”, puntualizó.
Teresa Vale, del Partido Socialdemócrata, sostuvo que la estrategia gubernamental en materia de seguridad ha sido un fracaso, y preguntó al gobierno federal ¿cuántas muertes más se requieren para cambiarla?
El también senador destacó que el combate al narcotráfico se ha abordado erróneamente, es decir, en lugar de haber hecho una planeación estratégica que permitiese con una acción de inteligencia haber detectado en dónde se encontraban los vicios y la columna vertebral del crimen organizado, se ha atacado a éste en forma inversa, primero la persecución y después la investigación.
A la crítica del priísta se sumaron otros partidos, que de plano calificaron la estrategia gubernamental contra el narcotráfico como un “fracaso”. Sin embargo, el panista Francisco Ramírez Acuña se abstuvo de comentar al respecto y se concretó a señalar que por primera vez un gobierno ha tomado en serio su responsabilidad y actúa de manera directa contra este cáncer que padece la sociedad.
El candidato a diputado se refirió a algunas de las iniciativas que promoverá su partido, como la dirigida a establecer mecanismos más claros para impulsar las recompensas a quienes den informes para detener a los delincuentes.
Por el PRD, el senador Graco Ramírez indicó que la inseguridad está ligada a la existencia de un modelo económico que no ha generado crecimiento por muchos años y que no ofrece expectativas de vida a millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Por tanto, el problema no debe atenderse exclusivamente desde la perspectiva policiaca, subrayó.
También señaló que no se puede proponer la criminalización de los pobres o un populismo punitivo que plantea cadenas perpetuas y penas de muerte, porque simple y llanamente esto es caer en el primitivismo más grande para enfrentar un problema que afecta a millones. Aparte de revisar el modelo económico, planteó la creación de un acuerdo que permita la construcción de un nuevo Estado democrático.
Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública y representante de Convergencia, destacó que cada año se cometen cerca de 12 millones de delitos en el país, pero sólo un millón y medio se denuncian; de esa cifra, 250 mil se consignan ante los jueces, y de esos, entre 170 mil y 190 mil llegan a obtener una sentencia, lo que lleva a la convicción de que hay 98 por ciento de impunidad.
Convergencia propone, dijo, la rendición cotidiana de cuentas de todos los miembros del sistema de seguridad pública del país, y el que no cumpla que se vaya. De igual manera, se requiere generar como principio fundamental la reparación del daño a las víctimas. “México no es un país de delincuentes, sino de víctimas, y vamos a defenderlas”, puntualizó.
Teresa Vale, del Partido Socialdemócrata, sostuvo que la estrategia gubernamental en materia de seguridad ha sido un fracaso, y preguntó al gobierno federal ¿cuántas muertes más se requieren para cambiarla?
Georgina Saldierna y Alonso Urrutia, La Jornada, 23 de abril.
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