El Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual, creado en 2005 con el fin de conjuntar esfuerzos gubernamentales y de la iniciativa privada en la lucha contra la piratería, quedó en el olvido.
De acuerdo con representantes de las diversas industrias afectadas por violación a los derechos de autor, la Procuraduría General de la República (PGR) es la autoridad del Gobierno federal que coordinaba este Comité, a través de reuniones mensuales, pero tenían más de año y medio de no llevarse a cabo.
Incluso hace unas semanas, Arturo Germán Rangel, subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales de la PGR, les ofreció retomar el tema, aunque hasta el momento no se ha concretado.
Fuentes involucradas en estas reuniones señalaron que Germán Rangel propuso cambiar el formato del Comité y constituir grupos de trabajo con líneas de acción específicas.
Kiyoshi Tsuru, presidente de la Business Software Alliance (BSA), propuso armar un nuevo grupo conformado por los sectores público y privado, integrado por los participantes de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
"Yo tomaría al grupo del ASPAN, y a partir de ahí tomar como ejemplo el caso del consejo antipiratería que se formó en Brasil; tendríamos que ver qué están haciendo ellos para combatir la piratería", comentó.
Miguel Margáin, presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), dijo que para reactivar este Comité es necesaria la participación de todos los actores y ser conscientes de que la situación actual obliga a conjuntar esfuerzos.
"Se necesita la voluntad de todos para echarlo adelante", dijo.
Federico de la Garza, director de la Motion Picture Association (MPA), señaló que dado el incremento de la piratería en sectores como el de la música, es imprescindible retomar el tema.
Para Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual (IPPIC), consideró que faltó voluntad de las partes involucradas para establecer políticas públicas contra este delito.
Explicó que el Gobierno federal nunca asumió su papel de articulador con los sectores productivos y limitó su actividad a la mera información estadística de aseguramiento de mercancía ilegal en el mercado informal.
"Los sectores productivos y algunos organismos de la sociedad civil que estuvimos atentos a este Comité no tuvimos la capacidad para asumirnos como parte fundamental en el armado de estas estrategias", criticó.
De acuerdo con representantes de las diversas industrias afectadas por violación a los derechos de autor, la Procuraduría General de la República (PGR) es la autoridad del Gobierno federal que coordinaba este Comité, a través de reuniones mensuales, pero tenían más de año y medio de no llevarse a cabo.
Incluso hace unas semanas, Arturo Germán Rangel, subprocurador de Investigaciones Especiales en Delitos Federales de la PGR, les ofreció retomar el tema, aunque hasta el momento no se ha concretado.
Fuentes involucradas en estas reuniones señalaron que Germán Rangel propuso cambiar el formato del Comité y constituir grupos de trabajo con líneas de acción específicas.
Kiyoshi Tsuru, presidente de la Business Software Alliance (BSA), propuso armar un nuevo grupo conformado por los sectores público y privado, integrado por los participantes de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
"Yo tomaría al grupo del ASPAN, y a partir de ahí tomar como ejemplo el caso del consejo antipiratería que se formó en Brasil; tendríamos que ver qué están haciendo ellos para combatir la piratería", comentó.
Miguel Margáin, presidente de la Asociación Mexicana de la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), dijo que para reactivar este Comité es necesaria la participación de todos los actores y ser conscientes de que la situación actual obliga a conjuntar esfuerzos.
"Se necesita la voluntad de todos para echarlo adelante", dijo.
Federico de la Garza, director de la Motion Picture Association (MPA), señaló que dado el incremento de la piratería en sectores como el de la música, es imprescindible retomar el tema.
Para Fidel López, director del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual (IPPIC), consideró que faltó voluntad de las partes involucradas para establecer políticas públicas contra este delito.
Explicó que el Gobierno federal nunca asumió su papel de articulador con los sectores productivos y limitó su actividad a la mera información estadística de aseguramiento de mercancía ilegal en el mercado informal.
"Los sectores productivos y algunos organismos de la sociedad civil que estuvimos atentos a este Comité no tuvimos la capacidad para asumirnos como parte fundamental en el armado de estas estrategias", criticó.
Dayna Meré, Reforma, 28 de mayo.
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