Condenan a 19 militares por reportes de CNDH

La justicia militar ha sometido a investigación en el sexenio a 252 elementos del Ejército a partir de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los cuales 19 han sido sentenciados.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 29 de noviembre de 2011, la CNDH recibió 5 mil 962 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por militares, que derivaron en 92 recomendaciones.

Del total de recomendaciones, 15 correspondieron a actos administrativos y 77 a abusos en el marco de las operaciones de combate al crimen organizado.

En 18 casos, el Ministerio Público Militar determinó la presunta responsabilidad de personal del Ejército en los hechos, por lo que se consignó la averiguación previa a un juez; en otros 13, se archivó la acusación por falta de elementos y en 4 se inició un procedimiento administrativo. Mientras que en 55 recomendaciones, la averiguación previa está en proceso de integración.

De los 252 militares investigados como resultado de las recomendaciones de la CNDH, 168 son reportados como indiciados y 65 como procesados.

El reporte Personal Militar Procesado y Sentenciado, difundido en la sección de derechos humanos de la página de internet de la Sedena, detalla siete de las 77 recomendaciones por "acciones operativas".

En el caso "La Joya", relacionado con el homicidio de 5 miembros de la familia Esparza Galaviz -entre ellos mujeres y niños- ocurrido en un retén militar de Sinaloa en 2007, que derivó en la recomendación 40/2007, la Sedena indica que sentenciaron a 2 oficiales y 14 elementos de tropa por los delitos de lesiones y homicidio calificado. Un tercer oficial continúa bajo proceso.

Sobre el caso "Guzmán de Chihuahua", por la desaparición forzada de dos personas en noviembre de 2008, sólo se informa de seis indiciados por abuso de autoridad.

Los casos "González de Guanajuato", por lesiones y maltrato en contra de una persona en 2008, e "Irineo Rodríguez de Guerrero", por detención arbitraria en ese año, las indagatorias fueron archivadas.

En el caso de Israel Arzate, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar y víctima de detención arbitraria y tortura según la recomendación 49/2011, la Sedena sólo reporta el proceso por detención arbitraria, sin indiciados, e informa que la indagatoria se archivó el pasado 11 de enero.

La Dirección de Comunicación Social de la Sedena ha asegurado que la institución armada no tolera ninguna conducta que esté fuera de la ley por parte de sus militares, sean del rango que sean.


Daniela Rea, Reforma, 2 de marzo.

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